- La firma del rey Juan Carlos aparece en un acta de marzo del 2011 de la fundación panameña Lucum, la estructura opaca que supuestamente le habría permitido ocultar 64,8 millones de euros donados por el rey de Arabia Saudí. Los estatutos de esta sociedad utilizada para recibir dinero de Suiza contienen la rúbrica del monarca emérito.

El acuerdo privado incrimina directamente a Juan Carlos I en la gestión de ese entramado creado en Panamá para blanquear el dinero saudí, según el acta de la compañía publicada ayer por El Confidencial. El documento muestra los estatutos de la sociedad y en ellos aparece la rúbrica del rey emérito y lo sitúan como primer beneficiario de los fondos. Su hijo y actual monarca español Felipe VI también aparece en el acta pero como “segundo beneficiario”.

Lucum Foundation fue creada en Panamá el 31 de julio de 2008 por el gestor financiero suizo, Arturo Fasana, y un abogado de su confianza de la misma nacionalidad, Dante Canonica. Fasana se convirtió en el presidente de la mercantil especializada en crear estructuras opacas, mientras que Canonica paso a ser secretario del consejo.

Según revela el diario digital, el documento admite que Lucum Foundation fue constituida para que actuara como pantalla de una cuenta en Suiza en el banco Mirabaud que, apenas unas semanas después, ingresó “una donación de 64.884.405 euros efectuada por el rey de Arabia Saudí en favor del rey de España”, cuya firma aparece en un lateral del acta junto a la de sus dos testaferros. Posteriormente, el rey emérito fue quien dio la orden de que se transfiriera todo el dinero a una cuenta de su amiga Corinna Larsen.

La asociación de técnicos de Hacienda (Gestha) estima que Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones de euros a la Hacienda de la comunidad de Madrid por la supuesta donación que le realizó el rey saudí y advierten de que si no presentó el impuesto de Donaciones, se demostraría que este dinero se ocultó al fisco español.

Por su parte, el Gobierno español quiso ayer desligar la posible responsabilidad que pueda tener el rey emérito ante los tribunales, asegurando que Juan Carlos I es “responsable de forma individual”. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, señaló que será la justicia la que tenga que determinar las actuaciones, limitando la acción del Gobierno a la de “auxilio”, sin opinar para no hacer “juicios paralelos”.