- La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó ayer la progresión al tercer grado y el traslado directo a cárceles vascas de tres presos de ETA, dos de ellos con delitos de sangre: Sebastián Etxaniz Alkorta, Jesús Martín Hernando y Oier Urrutia González. Según el organismo dependiente del Ministerio del Interior, han rechazado la violencia y responden a las responsabilidades civiles impuestas en sus condenas.

Con estos son cuatro los presos acercados a Euskadi, no a provincias limítrofes, después de que la semana pasada trasladaran a Igor González Sola desde la cárcel de Soria a la de Martutene, en San Sebastián. Esto motivó el rechazo de varias asociaciones de víctimas que sostienen que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a no acercar a cárceles vascas a etarras con delitos de sangre.

Etxaniz ingresó en prisión en 2002 y cumple una condena de 30 años por varios asesinatos. Según Interior, que ha comunicado la decisión a las víctimas del terrorismo, este etarra “ha renunciado a la violencia, ha reconocido y lamenta el daño y dolor causados, acepta la legalidad penitenciaria y está pagando la responsabilidad civil”.

Cumplió las tres cuartas partes de condena en abril de 2019 y la junta de tratamiento del centro penitenciario de Asturias propuso su progresión a tercer grado y traslado a la cárcel de Martutene.

Martín Hernando fue condenado por colaborar en el asesinato del exsargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea en 1993. Ingresó en prisión en 2010 y cumple una condena de 18 años y un día por atentado. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en julio de 2019 y, según Prisiones, “ha admitido la legalidad penitenciaria, rechaza la violencia, ha reconocido el daño causado y ofrece hacerse cargo de la responsabilidad civil”. La junta de tratamiento de la cárcel de Araba propuso su progresión a tercer grado y destino la prisión de Basauri.

El tercer etarra, Oier Urrutia González, ingresó en prisión en 2009 y cuenta con una condena de 14 años por pertenencia a ETA y depósito de armas, aunque no tiene delitos de sangre. En su caso, Interior señala que “ha admitido la legalidad penitenciaria, ha manifestado su rechazo a la violencia, ha reconocido el daño causado y no tiene responsabilidad civil”. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en septiembre de 2019 y la junta de tratamiento de la cárcel de Logroño ha propuesto su traslado a Zaballa.