El TSJC cita a Torra el 29 de julio por su segunda causa por los lazos

Ha sido citado como investigado por desoír una orden que le obligaba a retirar de Palau una pancarta de apoyo a los presos del procés

16.07.2020 | 12:47
El presidente de la Generalitat, Quim Torra

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado como investigado el 29 de julio al presidente catalán, Quim Torra, por la segunda causa que afronta por desobediencia, por desoír una orden para retirar del Palau de la Generalitat una pancarta con lazo amarillo por los políticos presos.

En una providencia, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha acordado fijar la comparecencia de Torra como investigado el próximo 29 de julio, a las diez de la mañana, después de que la Oficina del presidente no ha dado respuesta a su petición del pasado 6 de julio para buscar una fecha compatible con sus obligaciones públicas como máximo responsable del Govern.

Torra, que está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso a la condena de un año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral, tiene abierta esta otra causa, en este caso por desoír una orden del alto tribunal catalán que le obligaba a retirar de Palau una pancarta con un lazo amarillo en apoyo a los presos del procés.

En un auto, el magistrado Carlos Ramos, que instruye la nueva causa contra Torra por desobediencia, solicitó a principios de mes al presidente catalán que señalara el "día más próximo posible" que resultara compatible con sus obligaciones públicas para comparecer como investigado ante el TSJC.

Sin embargo, "pese al tiempo transcurrido" desde entonces, el TSJC no ha obtenido "ninguna respuesta" por parte de Torra, según una diligencia del alto tribunal, por lo que ha acordado fijar la comparecencia como investigado del presidente de la Generalitat el próximo 29 de julio.

En la providencia, el TSJC también acuerda apartar de la causa a la Generalitat, después de que el presidente catalán ha designado personalmente a un abogado, en concreto Gonzalo Boyé, que ya lo defendió en el juicio por desobediencia a la JEC.

Esta nueva causa, abierta el pasado mes de febrero y que quedó en suspenso hasta hace pocas semanas porque Torra recusó a los magistrados de la sala, deriva de la negativa del presidente catalán a cumplir con una orden de la sala contenciosa del TSJC que le emplazaba a descolgar del balcón del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos, de forma permanente, no solo en período electoral.

La orden dirigida a Torra la dictó en septiembre de 2019, como medida cautelar, la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda presentada por la asociación Impulso Ciudadano -a quien el alto tribunal ha aceptado que comparezca en la causa como acusación popular- que pedía que se descolgaran la pancarta y el lazo del balcón del Palau para mantener la neutralidad del edificio permanentemente, no solo en período electoral.

El presidente de la Generalitat desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d'Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos del Palau "de forma inmediata".

Ante esta situación, fueron los Mossos d'Esquadra quienes acabaron retirando la pancarta, con el lema en catalán e inglés "Libertad presos políticos y exiliados" y flanqueada con un lazo amarillo.

Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Sílvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Torra cuenta ya con una condena de año y medio de inhabilitación impuesta por el TSJC -que el Supremo revisará el próximo 17 de septiembre- por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.