El TS dicta que no prescribe el pago de indemnizaciones

Diez miembros de ETA tienen pendiente el abono de un millón de euros a las víctimas como responsabilidad civil

17.12.2020 | 01:21
Arizkuren Ruiz 'Kantauri'. Foto: Efe

pamplona – El cambio de doctrina dictado por el Tribunal Supremo, que establece que las indemnizaciones y el resto de responsabilidades civiles derivadas de una sentencia penal firme no prescriben, tendrá una repercusión relativa en el caso de las víctimas del terrorismo de ETA, ya que en su caso la deuda de los etarras es con el Estado porque es quien adelantaba hasta 2011 la suma total de las indemnizaciones a las víctimas.

De esta manera, la resolución del alto tribunal afectará a una docena de casos que cuentan ya con sentencia firme y a las nuevas que se produzcan a partir de ahora. La docena de casos son concretamente aquellos que se ven afectados por la Ley 29/2011 con la que se limitaban las cantidades que adelanta el Estado, lo que provocó que los terroristas condenados comenzaran a tener una deuda también con las víctimas.

Según la Sala, "declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que le sea aplicable ni la prescripción ni la caducidad".

Ya en marzo, la AVT a través de su departamento jurídico había presentado una serie de escritos en la Audiencia Nacional en los que solicitaba que se reclamaran a una decena de miembros de ETA el pago de la responsabilidad civil a sus víctimas, y apuntaba que la cantidad total a satisfacer ascendía a más de un millón de euros.

Y esto lo hizo así porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil redujo de 15 a 5 años el plazo de prescripción de las acciones personales, y en octubre de 2020 habría expirado la deuda en concepto de indemnización de esa decena de miembros de ETA con sus víctimas, a no ser que alguna de las partes personadas hubiera reclamado una revisión patrimonial para así interrumpir la prescripción.

'Kantauri', medio millón Ese reducción del plazo es lo que llevó a la Audiencia Nacional a reclamar en febrero al abogado Gonzalo Boye la indemnización por su participación en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, delito por el que fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel así como a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que entre quienes deben indemnizaciones a sus víctimas se encuentran Francisco Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, con una deuda de medio millón de euros; Ana Belén Egüés, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach, Gorka Palacios, que deben entre los tres más de 100.000 euros; Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, con la misma cantidad; Sergio Polo, con una deuda de 120.000 euros; y Gurrutz Aguirresarobe, también con 100.000 euros.