El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha subrayado los límites que deben observarse para un uso legal de datos como los contenidos en el fichero SINVES-Aquila gestionado por la Guardia Civil sobre personas 'sospechosas de conductas subversivas o antisistema'. Reynders ha explicado a preguntas de la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, que los interesados mantienen los derechos de acceso y rectificación que se reconocen en la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, y recuerda que datos de este tipo de archivos no pueden ser utilizados en procedimientos administrativos.
Bilbao planteó esta iniciativa tras conocerse la existencia del archivo y "ante la sospecha" de que fuese el origen de actuaciones que condujeron al despido improcedente por parte de Iberia en enero de 2018 del portavoz de la asociación Kontuz, Patxi Zamora. El propio Zamora calificó ayer de "muy buena" esta noticia, porque a su juicio deja claro que "la Guardia Civil no puede utilizar los archivos policiales que tiene para provocar despidos laborales", lo que cree que "invalida" su despido, y concluía que les servirá tanto en el proceso jurídico iniciado como en otro a punto de comenzar ante el ombudsman, el defensor del Pueblo europeo, junto con otras tres personas en Catalunya, Canarias y Madrid "que han sufrido lo mismo, personas comprometidas socialmente, sin antecedentes de ningún tipo y a las que se les ha "echado de su trabajo" tras una acusación de peligrosidad por parte de la Guardia Civil "sin prueba alguna". También desde Kontuz van a llevar el asunto al Congreso de los Diputados.
El caso ya originó una iniciativa parlamentaria anterior de la eurodiputada jeltzale, y una queja del propio Zamora ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Bilbao explicaba que el archivo custodiado por la Guardia Civil contiene datos sobre personas que pueden tener relación con actividades 'subversivas o antisistema'. Recordaba que al amparo de la Directiva de la UE de Protección de datos en el proceso penal, este fichero debería utilizarse únicamente para la «prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública». A continuación, exponía su sospecha de que datos almacenados en este archivo podrían ser la fuente de "actuaciones administrativas" como en el caso de Patxi Zamora.
Además, denunciaba que "los interesados no reciben respuesta cuando invocan sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos presuntamente allí recogidos, derechos detallados en el capítulo III de la Directiva, aunque exista constancia de que dichos datos no están dando lugar a una investigación penal bajo control judicial.
En su respuesta el comisario recuerda que "los interesados tienen derecho de acceso a los datos personales que les conciernan. Este derecho solo puede limitarse mediante una medida legislativa nacional y en la medida y durante el tiempo en que dicha restricción cumpla un estricto conjunto de requisitos establecidos por la Directiva. Cuando se deniega el derecho de acceso, el interesado tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad nacional de protección de datos o de interponer un recurso judicial ante el órgano jurisdiccional nacional competente." Reynders recuerda que la responsabilidad de garantizar estos derechos es de los estados miembros, sin perjuicio de las competencias de la Comisión como garante de los Tratados". Cabe recordar que Bruselas inició en 2019 un procedimiento de infracción contra España por no haber traspuesto las previsiones de esta directiva en el plazo establecido.
Para la eurodiputada Izaskun Bilbao, "algunos utilizan la excusa de las normas europeas para justificar decisiones arbitarias o que no pueden ni quieren justificar. Algunas autoridades gubernativas, utilizando inadecuadamente el reglamento europeo sobre la seguridad aérea, han propiciado despidos de personas molestas que trabajaban en aeropuertos sin que los y las afectadas pudieran ni conocer ni refutar los datos que originaron su despido".
Bilbao ha celebrado que desde la Unión Europea lleguen "límites y garantías contra la arbitrariedad". Este es "un paso más para tratar un asunto más que oscuro", "un ejemplo de libro de arbitrariedad e indefensión". Por lo que se felicita que la Comisión haya "recordado que ese archivo debe ajustarse al reglamento europeo de protección de datos utilizados en procesos penales. Los allí incluidos tienen derecho a conocer sus fichas y refutar sus contenidos. Sus datos no pueden respaldar decisiones administrativas como retirar una tarjeta de autorización de acceso a un aeropuerto".
