El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha destacado este martes en el Parlamento que la asunción de la sanidad de penitenciaria contribuirá a facilitar el camino a la reinserción.

Santos se felicitó por el logro de este traspaso, que llega después de 18 años reivindicándolo al Estado, desde el convencimiento de que supondrá una mejora para los presos y para la sociedad en general.

"Mejorar la atención sanitaria a la población reclusa supone también evitar la reincidencia, y supone apostar por la reinserción", resaltó Santos en una comparecencia parlamentaria, en la que también destacó que, a pesar de que "ninguna condena limita el derecho a la salud, es obvio que la entrada en la cárcel supone una merma de ese derecho".

Santos confirmó que existe "el compromiso" para que este traspaso se produzca el 24 de mayo. Unos días antes, el 12 de mayo, se reunirá la parte navarra de la Junta de Transferencias.

Reconoció que le hubiera gustado que este traspaso se hubiese materializado antes. No obstante, aseguró que "se ha dilatado más de lo que a mí personalmente me hubiera gustado por causas ajenas a la voluntad del Gobierno de Navarra". En todo caso, consideró que "hay que felicitarse porque podemos demostrar nuestra capacidad de autogobierno, garantizar los derechos de la población reclusa y actuar de forma positiva para el conjunto de la sociedad".

MANTENER EL PRESUPUESTO

Santos explicó que este traspaso competencial debería significar un ahorro en el gasto que dedica el Gobierno de Navarra a esta materia, si bien ese no es el objetivo. Recordó que a través del Convenio Económico, la Comunidad Foral aporta al Estado el 1,6% del gasto total de la sanidad penitenciaria de todo el país, pese a que su población reclusa no llega al 0,6%.

"En diciembre de 2020, de las 55.180 personas presas en el Estado, la cárcel de Pamplona acogía 282", precisó el consejero, por lo que "Navarra sale ganando económicamente asumiendo esta competencia".

Sin embargo, incidió en no "pensar en el ahorro" sino en "seguir dedicando el mismo presupuesto, pero dedicarlo mejor". "La negociación de las transferencias no es una negociación económica, sino que se trata de intentar dar un mejor servicio dedicando el mismo presupuesto", con programas y planes específicos que tengan en cuenta las necesidades específicas de la población reclusa.

En este sentido, incidió en seguir abordando las necesidades que existen en salud mental, drogodependencias y atención especializada ambulatoria y hospitalaria, "aquello que hacíamos ya, incluso sin competencias transferidas".

Abogó por desarrollar "una atención sanitaria con perspectiva de género que garantice la atención ginecológica regular y especializada con programas de promoción de la salud de las mujeres, atención a la salud sexual y reproductiva, prevención de cánceres específicos y otras enfermedades prevalentes". "Trabajemos en materia de salud pública, promoción de la salud y salud comunitaria", continuó Santos, quien también espera que se "equipare la atención psicológica y psiquiátrica que recibe la población reclusa a la que recibe la población general".

LA TARJETA SANITARIA

Santos explicó que "ahora mismo, si cualquiera de nosotros fuéramos condenados a prisión, se nos quitaría la tarjeta sanitaria". Por ello, es partidario de "paliar esa merma del derecho a la salud integrando a la población reclusa en el mismo sistema que el resto de la población: el Servicio Navarro de Salud", ya que "ese tratamiento individualizado, integrado en el sistema común, es positivo tanto para la población reclusa como para el conjunto de la sociedad".

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que la asunción de esta competencia es beneficiosa para Navarra.