- Juristas coincidieron este martes en constatar el "bloqueo" que ejerce la Audiencia Nacional, o al menos un sector importante de ella, en el proceso de reinserción de los presos de ETA. En un coloquio organizado por el Foro Social Permanente, que presentaba su informe Behatokia sobre el papel de la AN, todos los participantes coincidieron en poner sobre la mesa la perversión del ordenamiento jurídico por parte de algunos organismos de la Justicia en lo que respecta a las progresiones de grado, los permisos penitenciarios y, en general, la reintegración de los exmiembros de la organización armada en la sociedad.

En esta mesa redonda celebrada ayer en Donostia bajo el título ¿El lobby en la Audiencia Nacional? participaron la jueza del TSJPV Garbiñe Biurrun, el jurista y exdiputado del PNV Emilio Olabarria, el abogado Txema Matanzas y la jurista de Instituciones Penitenciarias Puerto Solar. Todos ellos se mostraron unánimes al denunciar los "obstáculos" que la Audiencia está poniendo con el objetivo de impedir que los reclusos del EPPK obtengan beneficios, permisos o avances en su situación en las cárceles españolas, "trabas" que no se corresponden con el actual tiempo tras la desaparición de ETA.

En esa vía ahonda también el informe de Behatokia presentado por el Foro Social y que analiza "los obstáculos sistemáticos que se están produciendo en el seno de la Audiencia Nacional en relación a los itinerarios de reintegración de las personas presas". El documento denuncia en concreto la actitud de la sección primera de la Sala de lo Penal de la AN, presidida por la magistrada conservadora Concepción Espejel y que, a la par que el juzgado central de vigilancia penitenciaria y el Ministerio Fiscal, pone en práctica "un bloqueo en procesos que deberían ser fluidos", como los cambios de grado o los permisos de fin de semana. Así, en esta sección primera de la Sala se ha impuesto una mayoría de jueces de corte conservador que hacen todo lo posible por "demorar" los beneficios penitenciarios de los exmiembros de ETA que cumplen condena en el Estado. Con una correlación de cuatro jueces conservadores por uno progresista.