Un periodo alarmante en el Congreso de los Diputados

03.08.2021 | 00:35
Pleno del Congreso durante una intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal. Foto: Efe

El final del estado de alarma y la concesión de los indultos a los presos del 'procés' han marcado los picos de tensión de un semestre especialmente intenso en la Cámara baja

El Congreso de los Diputados cierra su primer periodo de sesiones para tomarse un respiro tras seis meses de arduos debates que han enfrentado a derecha e izquierda y que han ido desde la polémica por el levantamiento del estado de alarma hasta los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes.

Sin olvidar la tensión vivida en el último Pleno del 21 de julio que además de ratificar el fin del uso de las mascarillas en el exterior y la bajada temporal del IVA de la luz, salvó in extremis el decreto que regula la situación de los trabajadores interinos de la Administración. Una votación que salió adelante por un voto de diferencia y que cerró las sesiones del hemiciclo, toda vez que la Diputación Permanente decidió esa misma tarde posponer para septiembre las comparecencias de los nuevos ministros del Gobierno recientemente remodelado.

El 30 de junio se produjo la última comparecencia del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en el Congreso para explicar los indultos aprobados a los presos independentistas catalanes y para dejar claro que "nunca jamás" habrá un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

La Cámara baja reabrió sus puertas a principios de año con unos Presupuestos Generales del Estado recién aprobados y con un aforo limitado al 50% de los diputados. A partir de entonces los grupos políticos intensificaron sus trabajos registrando iniciativas, en su mayoría para afrontar el coronavirus. Precisamente la gestión de la pandemia ha provocado tensos debates entre la derecha del PP, Ciudadanos y Vox y el bloque de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, apoyado por sus socios de la investidura, que arrastraban un año 2020 con las votaciones de seis prórrogas del estado de alarma.

La llegada de las primeras vacunas el pasado diciembre marcó el inicio del primer periodo de sesiones del año, con una campaña de inmunización rodeada de polémica, ya fuera porque las dosis no llegaban, porque algunas autoridades públicas se saltaron el orden de vacunación o porque las infantas Elena y Cristina aprovecharon una estancia en Emiratos Árabes, adonde acudieron para visitar a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, para vacunarse. Así nació la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión, compra y administración de las vacunas que empezará sus trabajos en septiembre con el 70% de la población ya inmunizada.

Durante los seis primeros meses del año, el presidente del Gobierno ha comparecido tres veces en plenos monográficos. El primero el 24 de febrero para anunciar el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros a los sectores más afectados por la crisis. El segundo el 14 de abril para avanzar que levantaría el estado de alarma el 9 de mayo. Y el último el 30 de junio para dar cuenta de los indultos a los líderes del procés. "¿A usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez? ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? ¿Usted quién se cree que es?", le reprochaba el líder del PP, Pablo Casado, en una de las sesiones más reñidas que afrontó el líder del PSOE en el hemiciclo en medio de la precampaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Estado de alarma Y es que los debates parlamentarios empezaron a ir a más cuando se desencadenó la moción fallida del PSOE y C's contra el Gobierno del PP en la Región de Murcia, lo que desembocó en un adelanto electoral en Madrid y en la salida del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de la vicepresidencia segunda del Ejecutivo español para concurrir a esos comicios como cabeza de lista de su formación.

Esta efervescencia se trasladó al Congreso en un todos contra todos y donde se ha podido ver al PP arrinconando a Ciudadanos; al presidente de Vox, Santiago Abascal, exhibiendo un adoquín para simbolizar la violencia contra sus simpatizantes durante un acto electoral en Vallecas; o al PNV advirtiendo al Gobierno de que era una temeridad levantar el estado de alarma.

Este asunto ha sido precisamente uno de los puntos de fricción más destacados en estos meses entre Moncloa y sus socios parlamentarios, que se alinearon con la derecha para pedir a Sánchez un paraguas jurídico frente a las restricciones que pudieran tomar los gobiernos autonómicos frente al coronavirus.

Entre los proyectos de ley aprobados este semestre en el Congreso destacan la ley del cambio climático, la de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género o los proyectos de ley de los impuestos digital y financiero y el del fraude fiscal. Además, se ha dado luz verde a 6 proposiciones de ley orgánicas de los grupos parlamentarios, entre las que se encuentra la derogación de las penas de cárcel por coacción en las huelgas o la proposición para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando esté en funciones, además de la ley que regula la eutanasia.

Debates que en muchos casos han tenido votaciones ajustadas como la que convalidó el decreto de los fondos europeos, que salió adelante con la abstención de Vox después de que ERC votara en contra junto con el PP y C's. La esperada Ley de Vivienda, que no ha llegado todavía a las Cortes, y la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, hicieron también visible las discrepancias entre los partidos del Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos han chocado en el Parlamento con leyes sociales como la LGTBI o la Ley Trans.

Comisión sobre 'Kitchen' La comisión estrella en este periodo de sesiones ha sido la que ha tenido como objeto el caso Kitchen, que continuará en septiembre y por la que han pasado 27 comparecientes entre los que se encontraban miembros de la cúpula policial durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Las declaraciones más esperadas fueron las del excomisario José Villarejo, que señaló directamente a Rajoy como conocedor de la trama parapolicial, y la del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que acusó al expresidente del PP de ordenar a Interior robarle documentos y grabaciones.

Por otra parte, la Mesa del Congreso ha tenido que hacer frente a una docena de solicitudes de los socios de investidura que, apoyados por Unidas Podemos, insisten en investigar el patrimonio del rey emérito, tanto por sus regularizaciones fiscales como por su vinculación con una empresa dedicada al tráfico de armas. Peticiones tumbadas con los votos del PSOE, PP y Vox.

Otra iniciativa polémica ha sido la proposición de ley de los partidos independentistas catalanes que reiteran la necesidad de una ley de amnistía para los encausados por el procés, pero que los letrados de la Cámara no admiten porque la consideran inconstitucional al suponer un indulto general.

El Congreso toma ahora aire para retomar su actividad en septiembre cuando deberán tramitarse más de cuarenta iniciativas que van desde la ley de dependencia hasta proposiciones de ley como la de seguridad ciudadana, las de secretos oficiales, o las de los bebés robados, que llevan más de un año paralizadas al prorrogarse los plazos de presentación de enmiendas, así como la ley que regula el voto rogado. Aunque sin duda las leyes más esperadas serán la de los presupuestos para 2022, la Ley de Memoria Democrática y la nueva Ley de Vivienda.

La petición de investigar al rey emérito, así como la ley LGTBI y la Ley Trans han enfrentado a los socios del Gobierno, PSOE y Podemos

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