Ofensiva total de la Abogacía del Estado en favor de la repatriación a Marruecos de los centenares de menores que en mayo pasaron a Ceuta de forma irregular. Tras una serie de reveses judiciales que pusieron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra las cuerdas y que mantienen estas devoluciones paralizadas de forma cautelar, los servicios jurídicos del Estado instan a retomar este proceso a la mayor brevedad por la "más que constatada situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria" que se vive en la ciudad autónoma.
Pintan, por tanto, un panorama nada halagüeño en Ceuta por la entrada masiva de emigrantes que tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo, de los cuales 1.097 eran menores. En su escrito de alegaciones remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta, explican que 758 menores están en centros temporales y que entre 400 y 500 deambulan por la ciudad sin control y protección, y pernoctan en campamentos "expuestos a todo tipo de riesgos". Las repatriaciones comenzaron el pasado día 13 y han afectado a medio centenar de jóvenes, aunque el tribunal ceutí decidió su suspensión cautelar tres días después tras ser recurrida esta iniciativa.
La Abogacía despliega, por tanto, un amplio argumentario en el que asegura que el acuerdo alcanzado con Marruecos en 2007 sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, que entró en vigor en 2012, avala el proceso de devolución. Argumenta que dicho acuerdo tiene "el mismo ámbito" que contempla la Ley de Extranjería española, de obligado cumplimiento, así como otros tratados internacionales, por lo que ofrece una cobertura jurídica "adecuada y suficiente".
Recuerda además que en la devolución de menores no acompañados "han concurrido dos administraciones", en referencia a la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, y reprocha que solo a esta última "se le ha permitido el trámite de alegaciones, por lo que se está causando una indefensión material". Censura que se ha omitido la debida audiencia de las autoridades del Gobierno de Ceuta a pesar de que es quien desarrolla "la parte principal del procedimiento de aplicación del acuerdo internacional de 2007".
La Abogacía insiste en que la Administración ceutí es la que ostenta las competencias en materia de asistencia social de los menores no acompañados y es quien tiene su tutela, por lo que es la que "debe adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda". Llama por tanto a que, antes de que la jueza resuelva sobre el fondo del asunto, "se dé traslado para alegaciones al Gobierno de Ceuta".
Por otro lado, la magistrada del Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta no resolverá la paralización cautelar de las repatriaciones de menores a Marruecos hasta al menos el próximo martes, una vez agotado el plazo de 72 horas hábiles desde la notificación de la decisión de suspensión adoptada, que acaba el lunes a las 14.00.
En el Senado. Pese al amparo de la Abogacía del Estado, a Marlaska se le abren otros frentes como la petición de dimisión que han realizado decenas de organizaciones de migrantes y antirracistas, por lo que califican de devoluciones "ilegales". Además, el senador por Canarias Fernando Clavijo ha solicitado la comparecencia en la Cámara alta del ministro del Interior y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para que expliquen la gestión de la crisis de los menores.
