l Tribunal Constitucional ha anulado esta semana tres de las leyes recogidas en el Fuero Nuevo, una actualización del derecho civil foral que el Gobierno de España había recurrido por considerar que vulnera la normativa estatal. Y aunque la sentencia ratifica la mayoría del texto normativo, también recorta algunos aspectos que venían apoyados por unanimidad del Parlamento y con el aval jurídico del Consejo de Navarra. Entre ellos la dación en pago de las hipotecas.

La sentencia plantea de entrada un dilema jurídico, en la medida en que equipara el derecho civil foral, normativa histórica y muy arraigada, con cualquier otra legislación autonómica, supeditada a la competencia estatal. La resolución incluye además tres votos particulares, mucho más duros que el texto votado por la mayoría, en el que los magistrados abogan por un recorte mayor de la normativa foral. Todo un aviso de cara al futuro frente a posibles aspiraciones competenciales.

Un planteamiento previsible dados los precedentes a los que acostumbra el Constitucional en los recursos que afectan a las leyes navarras, pero que ha abierto también un debate político importante entre quienes ven la botella medio llena (PSN) y medio vacía (Geroa Bai, EH Bildu y Navarra Suma). Y que apunta a uno de los flancos débiles del Gobierno de Chivite.

Es en este marco en el que hay que entender la primera respuesta formal del Gobierno de Navarra, que mediante su portavoz ha hecho una "valoración positiva" de la sentencia. Javier Remírez, haciendo suya la visión del PSN, ha puesto en valor que la resolución mantiene "el 99,5% del bloque normativo que salió del Parlamento de Navarra", por lo que, a falta de un análisis jurídico más detallado, se puede dar por buena.

Los socialistas evitan así la crítica directa al Gobierno de Pedro Sánchez, responsable del recurso de inconstitucionalidad que ha motivado la sentencia. Y minimizan daños para el PSN, que pone en valor las buenas relaciones con el Gobierno central como garantía de acuerdo en ámbitos tan relevantes como la renovación del Convenio Económico, la transferencia de Tráfico o los fondos europeos. "El diálogo, la coordinación y la colaboración con el Gobierno de España está dando resultados. La vía de la confrontación, la distancia y la disputa permanente con Madrid no conduce a nada", defendía recientemente en el Parlamento su portavoz, Ramón Alzórriz.

La sentencia sin embargo abre una grieta en el discurso que la derecha, con Javier Esparza a la cabeza, ha querido aprovechar para denunciar la "sumisión" de María Chivite ante Pedro Sánchez. No es la primera vez que Navarra Suma apunta en esa dirección -lo ha hecho de forma reiterada con el coche eléctrico, acusando al Gobierno foral de no defender los intereses de Landaben-, pero esta vez se ha encontrado en el camino con Geroa Bai y EH Bildu. Ambas fuerzas coinciden en que la sentencia es un claro ataque al autogobierno y una falta de respecto institucional del que responsabilizan directamente al Gobierno de Sánchez.

Tampoco es el primer choque en materia de autogobierno entre los principales socios del Ejecutivo foral. El retraso en la transferencia de algunas competencias pendientes, la falta de concreción de las ayudas europeas o el calado de la reforma del Convenio Económico también han propiciado choques dialécticos entre PSN y Geroa Bai. Alguno de ellos reciente además en el Parlamento.

Hay una evidente cuestión ideológica detrás de las discrepancias entre dos fuerzas que no ocultan sus diferencias en la visión del modelo de Estado. Pero cierta táctica política también. Puestos a subrayar las diferencias entre los dos socios de coalición, la confrontación con el Gobierno central en materia de autogobierno resulta mucho más cómoda y menos dañina para la convivencia dentro del Palacio de Navarra que cualquier crítica a la propia gestión de un Ejecutivo compartido. Y la posición del PSN, alineada con los intereses del PSOE en Madrid, da pie para ello.

Pero más allá de la disputa política que deja el Constitucional, y que previsiblemente se repetirá en el Parlamento en los próximos días, la sentencia no hace sino volver a poner en evidencia que, en lo que a la estructura del Estado se refiere, en España no hay color político ni en el poder ejecutivo ni en el judicial. La visión jacobina se impone generalmente ante cualquier conflicto competencial. De hecho, los recursos ya fueron habituales y reiterados durante los Gobiernos del PP sin que UPN levantara la voz de alarma. De la misma forma que el Gobierno de Barkos buscó siempre la vía pactista consciente de que en una confrontación judicial Navarra siempre tiene las de perder.

Una realidad en la que sin embargo Navarra sigue teniendo dificultades para ofrecer una posición sincera y unitaria en la defensa de sus intereses económicos, sociales o territoriales. Víctima de una confrontación política e identitaria en la que, más allá de las reivindicaciones habituales, cada fuerza política interpreta la defensa del autogobierno de forma distinta y en función de su interés político coyuntural. Pensar que en un momento como el actual, en el que se juegan inversiones clave para el futuro, pueda ser diferente resulta una utopía.

La sentencia del Fuero Nuevo deja al PSOE en el centro de la crítica en un momento en

el que Navarra tiene mucho que negociar en Madrid

La reacción ha sido tan dispar como previsible, sin opción de fijar una posición mínimamente compartida