Protección de Datos le da un toque a la Guardia Civil por el 'caso Zamora'

El organismo, que tiene capacidad para realizar apercibimientos y tramitar expedientes de multa, publicó una resolución hace un mes en la que insta al cuerpo policial a permitir que el periodista navarro consulte una base de datos en la que puede obrar información importante para aclarar los motivos de su despido político, rodeado de incógnitas y lagunas, y sobre el que el Gobierno de España guarda silencio.

Ni el Ejecutivo ni el ministro del Interior, Grande Marlaska, han querido hacer declaraciones -pese a ser preguntados en las Cortes- después de que el Gobierno, en una respuesta escrita a una pregunta del PNV, reconoció que el informe negativo de Zamora, "cercano a entornos potencialmente peligrosos", se produjo después de constatar que fue candidato en unas listas de la izquierda abertzale para las elecciones de 2007.

La resolución llega una vez Zamora pidió amparo a la agencia vista la dejadez de la Guardia Civil, que ni siquiera atendió la petición que Zamora tramitó hace meses, en el contexto de su batalla judicial por aclarar quién y por qué dio la orden de declararlo no apto para su trabajo de auxiliar de vuelo en la aerolínea.

Solo después del toque de atención de la agencia, que dio diez días a la Guardia Civil para contestar a Zamora, se produjo una respuesta por parte del cuerpo policial, que alegó que la base de datos es "materia clasificada" y que, por tanto, puede denegar el acceso.

Se trata del enésimo episodio rocambolesco del caso Zamora, que acumula una ristra de cambios de versión, excusas y silencios que le han llevado a pensar en más de una ocasión que contra él se está llevando a cabo una venganza por sus denuncias contra la corrupción.

UNA BASE DE DATOS SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Zamora recurrió a la AEPD en verano, después de pedir en enero a la Guardia Civil acceso al sistema informático Sinves-Aquila.

Este es un sistema de información creado en 1997 y que se ha utilizado para compilar datos sobre amenazas graves y formas muy sofisticadas de delincuencia organizada.

Pero no solo eso. Existe la sospecha, y así lo han denunciado varias organizaciones y más recientemente la eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV) en Estrasburgo, de que en ese sistema informático también se almacenan actuaciones administrativas especiales como las de Zamora.

Zamora envió una carta y pidió saber si allí había datos suyos. Pero la Guardia Civil ni le contestó. La AEPD constata que en el "supuesto analizado queda acreditado" que Zamora pidió su derecho de acceso y que, transcurrido el plazo, "su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible".

Por eso, la AEPD invoca la normativa de protección de datos y establece "la obligación de contestar a los reclamantes de forma expresa, aún en el supuesto de que no existan datos del interesado en los ficheros de la entidad o que le indique las causas por las que no procede considerar el acceso solicitado".

Visto que no hay respuesta, el organismo le da diez días a la Guardia Civil para permitir el acceso o aclarar por qué lo deniega.

Solo entonces contesta la Guardia Civil, que justifica que la base de datos es "materia clasificada" y que permitir su acceso a ella puede "dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado".

"Las materias clasificadas no podrán ser comunicadas", sigue la Guardia Civil, que aclara que puede negarse a dar datos personales que estén siendo tratados para la "prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales". Zamora nunca ha sido investigado judicialmente y varias veces a lo largo del proceso ha mostrado públicamente su hoja de penales, que está en blanco.

Por lo tanto, cierra la Guardia Civil, "procede denegar lo solicitado porque, de existir información, estaría restringida en virtud de las excepciones precitadas". Se trata del último intento de la Guardia Civil por entorpecer los intentos de aclarar quién ordenó y por qué el despido de Patxi Zamora, cuyo trabajo desde la asociación Kontuz! fue esenciales para denunciar el expolio y desaparición de Caja Navarra.