El covid se ceba con la temporalidad de los sanitarios

El informe de Cuentas Anuales de la Cámara de Comptos correspondiente al año 2020, el primero en el que se ve nítidamente el impacto de la pandemia, cifra en el 64% el porcentaje de personal eventual que trabajaba para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Una cifra que el año pasado experimentó una subida superior a la de ejercicios anteriores, y que se explica en parte por la necesidad del Gobierno de Navarra de contratar todo el personal sanitario posible para hacer frente a la sobrecarga hospitalaria provocada por las dos primeras olas, aquellas que se produjeron en marzo y noviembre de 2020.

Pero, al margen de que el mayor crecimiento pueda explicarse con motivo de una emergencia sanitaria nunca vista en cien años, la cifra señala un problema mayor, de fondo y cuyo abordaje supone un quebradero de cabeza para cualquier Gobierno: que la plantilla de funcionarios es cada vez más vieja, que cada vez hay menos funcionarios con plaza fija, y que las necesidades del sistema, crecientes y con visos de ir a más -viene una crisis económica y social que va a azotar fuerte a las clases con menos ingresos- se cubren con contratos eventuales que contribuyen a la "descapitalización del factor humano", como dice Comptos.

Un círculo vicioso que tiene atrapado al sector público, muy tocado por los recortes generales de hace justo diez años y por una normativa draconiana que durante mucho tiempo ha lastrado la capacidad de las Administraciones, que en el caso de Navarra ha contratado más pero sin poder estabilizar empleo.

En 2015, las Administraciones públicas forales tenían 26.698 trabajadores y un 38% de interinidad. Ahora esa cifra es de 31.730 empleados, 5.000 más que entonces. Es decir, que la interinidad está disparada -ya estaba mal en 2015, porque lo recomendable es no pasar del 8%-, pero también hay que tener en cuenta que hoy los servicios públicos tienen más personal, aunque estos no tengan plaza y sea muy complicado retener ese talento.

CADA VEZ HAY MENOS PLAZAS FIJAS

El informe ofrece dos porcentajes que son clave: el primero, el de eventualidad general en la Administración. En 2019 estaba en el 50%. Esto supone que la mitad de los trabajadores que proveen de servicios a la ciudadanía desde las Administraciones públicas navarras lo hace sin plaza fija, algo que todos los Gobiernos se han propuesto abordar, pero que ninguno de momento consigue. De hecho, hace pocas semanas el vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez, aseguró en el Parlamento que solucionar el problema de la interinidad requerirá del "largo plazo".

Eso lo dijo antes de que se conocieran los resultados del informe de Comptos, que ha elevado ese porcentaje de temporalidad al 54%. El órgano fiscalizador sospecha que "este valor podría estar influenciado por el efecto de las contrataciones temporales motivadas por la covid-19".

Algo plausible si se atiende a los datos específicos de Osasunbidea. El porcentaje de temporalidad en 2019 era del 60%, y 2020 se cerró con el 64%. Sirva una comparación para entender el impacto en puestos de trabajo en los hospitales que ha tenido el covid. En 2018, Osasunbidea tenía 5.306 trabajadores con plaza fija, y 7.090 eventuales. En 2019, las cifras eran estas: 5.077 trabajadores fijos y 7.569 eventuales. Y en 2020, el año del covid, se ha cerrado así: 4.930 fijos y 8.629 eventuales. Más de mil más que el año anterior. Es decir, que el covid exigió, literalmente, doblar el personal en los hospitales. A 31 de diciembre de 2020, en Osasunbidea trabajaban 13.559 profesionales.

Esta rueda de descenso del empleo fijo y sustitución por eventual deriva en otra realidad que Comptos vuelve a repetir que es "preocupante": el envejecimiento de la plantilla. Los mayores de 50 años pasan de ser el 48% de 2016 al 53% de 2020. Y los mayores de 60 ya no representan el 7% de 2016, sino el 9%.

Por abajo, como es lógico, ocurre lo mismo: En 2016, el 18% de los empleados públicos tenían 40 años o menos. Hoy ese porcentaje es del 14%.

En definitiva, datos que señalan, un año más, una realidad: la de un sector público cada vez más devaluado, que ofrece menos garantías para los trabajadores y que no puede retener el talento de sus trabajadores.