"Atados a un QR: calificar como 'tenue' una violación de derechos es aberrante"

os jueces del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que mediante un Auto autorizaron el pasado día 25 de noviembre la obligación de presentar el certificado sanitario para acceder a los locales públicos pusieron en su resolución que “las medidas acordadas, por los fundamentos expuestos ut supra, suponen una limitación tenue de los derechos fundamentales afectados que, al ser confrontados y atendiendo a su naturaleza teleológica, hacen proporcionada su adopción”. Prestemos atención al adjetivo que escogen, “tenue”, el que argumentaban “ut supra” y que nos conduce a entender la dimensión “teleológica” del caso. Todo es una representación de esa manera tan absurda y genuinamente hispana que tienen nuestros jueces de recrearse en la semántica, de representar mediante la palabra estrujada una pretendida altura jurídica, y que en el fondo constituye una pedantería que sólo se encuentra en los productos de nuestros juzgados. Las jurisdicciones sajonas, en cambio, toman como obligado libro de estilo la simplificación y concreción en la expresión, porque es más objetivable y hace transparente la lógica juzgadora. En el caso que nos ocupa, calificar como “tenue” una violación de derechos fundamentales es en sí una aberración. Porque no hay una graduación en el ámbito de estos derechos, puesto que de lo contrario no serían derechos calificables como fundamentales. Esto de que la limitación sea “tenue” es como aquello de la doncella que se quedó “ligeramente embarazada”. Si hay transgresión de derechos básicos, aún en grado pretendidamente mínimo, no hay sala de lo contencioso que pueda autorizarla ni en su más ínfimo nivel. En descargo de sus señorías, está la constatación de que se les ha endosado la responsabilidad de autorizar medidas sanitarias que, como hemos visto, requerirían de unos criterios armonizadores de carácter general, probablemente una ley orgánica que interpretara los derechos constitucionales. En el País Vasco, los colegas de los jueces navarros que habían dicho que sí, dijeron que no. Hasta que llegó el Tribunal Supremo a desdecirles. ¿Saben más de estas cosas en Madrid, en Pamplona o en Bilbao? Sin una norma básica para la gestión de la pandemia, que nadie sabe por qué no se ha querido hacer, al final se traslada a los togados la carga de ponderar algo que, sinceramente, se les escapa porque nunca lo han tenido que dictaminar ni están preparados para ello. Es gracioso que al final del Auto pidan al Departamento de Salud un “informe sobre la evolución epidemiológica y la efectividad de las medidas acordadas”, como si en la Audiencia fueran expertos en genotipos vitales o coberturas vacunales. Yo les cambiaba de paso la suscripción al Aranzadi por una a The Lancet.