El último pleno del año en el Parlamento de Navarra llega con emoción. Y con tensión entre los socios del Gobierno foral. La sesión legislativa ratificará este jueves la reforma fiscal y los presupuestos, los terceros consecutivos para el Ejecutivo de María Chivite, que podrá afrontar los inciertos meses económicos y sanitarios que vienen por delante con el colchón de la estabilidad. Un éxito político que sin embargo puede verse empañado por la reforma de la Ley del Convenio Económico, que podría no salir adelante por las diferencias entre los socios del Gobierno, en lo que sería un escenario inédito en la relación financiera entre Navarra y el Estado.
El Convenio Económico es la ley que regula los flujos económicos entre la Comunidad Foral -que tiene Hacienda propia- y el Gobierno de España. Ambas administraciones acaban de pactar una actualización de la norma que, entre otras cuestiones, incorpora la transferencia de la gestión de los impuestos a las multinacionales tecnológicas (tasa Google), a las transacciones financieras (tasa Tobin) y el IVA del comercio on line. Un buen acuerdo, a juicio de todos los grupos políticos, que sin embargo incluye una polémica medida que ha llevado a Geroa Bai y a EH Bildu a anunciar su abstención en la votación que tendrá lugar en el Parlamento.
Se trata de la forma en la que se debe negociar el índice de imputación, el porcentaje que Navarra paga al Estado por sus gastos en aquellas competencias que no tiene transferidas, y que actualmente está fijado en el 1,6%. Es decir, Navarra paga el 1,6% de las partidas del presupuesto del Estado en las que no tiene competencias, como los intereses de la deuda nacional, los gastos en Defensa o la política exterior.
La cifra no cambia en la nueva redacción, pero sí se establece que a partir de ahora será la Comisión Coordinadora, formada por la Hacienda Foral y el Ministerio de Hacienda, la que decidirá si se modifica el índice. En la actualidad, cualquier cambio en ese 1,6% debe contar con el apoyo tanto del Parlamento como de las Cortes Generales.
División en el Gobierno
No es un detalle menor. A fin de cuentas, a partir de ese porcentaje se acaba estableciendo, junto con otras variables también importantes, cuánto paga Navarra al Estado (para el próximo año están presupuestados 573 millones, el 12% del gasto anual). Y aunque no se ha modificado desde su aprobación en 1990, podría hacerlo en el futuro sin pasar por Parlamento foral.
Es el fondo de la polémica, y el motivo por el que tanto Geroa Bai como EH Bildu han anunciado que se abstendrán en la votación de hoy. "No se ha producido ni el contexto ni el encuentro ni el contacto mínimo político para compartir una medida de estas características y que no debería modificarse esta manera", afirmó este lunes Uxue Barkos para justificar la falta de apoyo a una propuesta de su propio Gobierno.
La posición de su socio no ha gustado nada al PSN, que no oculta su malestar, y que advierte de las consecuencias de que, por primera vez, no prospere en el Parlamento foral un acuerdo para la renovación del Convenio. "Estaríamos en un escenario de incertidumbre en la propia negociación de la aportación de Navarra al Estado y en el proceso de transferencias pendientes; sería una buena noticia para quienes apuestan por la recentralización y el cuestionamiento del autogobierno de Navarra", apuntó este miércoles el portavoz del Gobierno, Javier Remírez.
Pero la reforma no tiene los apoyos garantizados, y queda pendiente de lo que pueda hacer Navarra Suma. Javier Esparza de momento no ha adelantado el sentido de su voto, y que se ha mostrado crítico con las formas del Gobierno. "El Gobierno está acostumbrado a ser un rodillo y a tratarnos de esta manera, pero cuando necesita apoyos lo que tiene que hacer es buscarlos, y no ha buscado nuestra colaboración", lamenta Esparza.
La incógnita no se resolverá posiblemente hasta última hora, aunque el Gobierno confía en que, al final, los partidos no impedirán la aprobación del nuevo texto. "No contemplamos que no se apruebe", ha afirmado Remírez, que defiende que se trata de "un acuerdo largamente buscado que es bueno para Navarra y que refuerza el régimen tributario y financiero". "No se hurta competencias al Parlamento", garantiza el portavoz de un Gobierno foral que podría sufrir en el último pleno del año su primera derrota seria en toda la legislatura.
