No hay acuerdo ni indicios de que se produzca en las próximas horas. A pesar de las quejas de sus socios, como el PNV, el Gobierno español de Pedro Sánchez está lanzando con claridad el mensaje de que no va a tocar una sola coma de la reforma laboral acordada con la patronal estatal CEOE y con los sindicatos CCOO y UGT. La rama socialista lo dejó claro este jueves por boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que tienta de manera sibilina a Ciudadanos en sus declaraciones públicas. Aunque Unidas Podemos escenificó que choca con el PSOE y que prefiere pactar con los socios de investidura, no se traduce en avances reales ni cesiones de peso por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que tampoco ha hecho movimientos que pongan en riesgo el respaldo de la patronal.
El PNV, que planteaba como única condición la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, avisó de que no renunciará a esta cuestión y votará en contra si no se incorpora a la reforma. El decreto lo debe convalidar el Congreso de los Diputados en torno al 3 de febrero, y Moncloa insiste en que no lo tramitará como proyecto de ley abierto a enmiendas.
NO HABRÁ "ABSTENCIÓN TÁCTICA"
Ortuzar avisó de que no habrá “abstención táctica” ni tampoco dejará pasar esta reforma poniéndose de perfil y haciendo la vista gorda. El PNV no cede a la presión del PSOE, que apela a su responsabilidad. Los jeltzales responden que su única responsabilidad es con Euskadi, y no pueden renunciar a una cuestión clave en su ideario y que supone garantizar mejores condiciones y salarios para los trabajadores vascos. Además, la mayoría sindical estatal es otra, y en la comunidad autónoma vasca la copan ELA y LAB, de acuerdo con esta reivindicación.
Tampoco cede el PNV ante los globos sonda que se lanzan desde el entorno de Yolanda Díaz, quien plantea una reforma posterior del Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno español lo fía todo a un cambio posterior, pero su historial de incumplimientos provoca que ningún socio se fíe. Basta el ejemplo del ministro Escrivá, quien pone pegas todavía hoy al acuerdo político sobre el IMV que se firmó en 2020. Mejor pájaro en mano, parece que piensan los socios. Ortuzar aclaró también en Radio Euskadi que la prevalencia de los convenios vascos debe tener “rango de ley y el mismo nivel de protección que cualquier otra norma para que no haya colisión”.
Este mismo jueves ha tenido lugar una comida en Sabin Etxea entre Andoni Ortuzar y el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez. Esta convocatoria la hizo pública el socialismo, pero era una visita de cortesía y no estaba llamada a desbloquear nada sobre la reforma laboral, según explican los jeltzales. Tampoco Gómez es el interlocutor clave en esa materia. Es poco habitual que el PNV sea tan categórico en medio de una negociación como lo hizo Ortuzar, y eso da una medida de que no se está moviendo absolutamente nada.
UNA EXIGENCIA QUE CONOCÍAN SÁNCHEZ Y DÍAZ
El Gobierno español ha tomado una decisión y se ha decantado por la foto del diálogo social y no con sus socios. Solo así se entiende que haya ignorado de manera abierta una demanda que había trasladado Ortuzar en privado al propio presidente Sánchez, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a los dos sindicatos firmantes y a la patronal. Sabían que era irrenunciable para el PNV, pero no lo incorporaron al acuerdo.
Yolanda Díaz parece resistirse también ahora a romper la foto con la patronal, que echaría por tierra la imagen de comunista amable y centrada que se ha venido construyendo estos meses con maña para los consensos en la mesa de diálogo social. Si pierde ahora el flanco de la patronal, la fotografía quedaría coja.
Es la patronal la que pone mayores objeciones a los cambios. El miércoles aprobó por unanimidad en su junta abandonar el pacto si se toca una sola coma. De ahí que el Gobierno español esté planteando algo que para sus socios es un trágala, porque no hay margen de maniobra. Han priorizado ese acuerdo, que no quieren romper para añadir a sus socios.
LAS OTRAS MAYORÍAS DE MONCLOA
El Gobierno español ve factible sacar adelante esta reforma con otras mayorías. Cree que puede tener al alcance de la mano aprobarla por una diferencia ajustada, de uno o dos escaños, si Ciudadanos vota a favor. Es decir, trabaja con el escenario de que podría no caer con la combinación de Ciudadanos, que no quiere ningún cambio, y varios grupos minoritarios (trabaja con un escenario de 172 rechazos, los de ERC, PNV, EH Bildu, Junts, la CUP, BNG, PP, Foro Asturias y Vox; y 174 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Ciudadanos, PDeCAT, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC).
En el supuesto de que la reforma saliera adelante de esta manera y sin los socios de investidura, el PNV, ERC y EH Bildu se podrían sacudir la presión de La Moncloa: la reforma saldría adelante y no serían responsables de ello pero, al mismo tiempo, con el voto de otros grupos se evitaría la caída de un texto al que, de hecho, los jeltzales conceden valor. El grupo de Aitor Esteban, eso sí, lamentaría la cerrazón de Sánchez y que no haya aceptado el blindaje de los convenios vascos, aunque seguiría insistiendo en futuras leyes.
Al contrario de lo que sucede con la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, este asunto no estaba pactado entre ambos y un desacuerdo no conducirá a que rompan sus relaciones. La presión la tendría el Ejecutivo de Sánchez por no haber sido capaz de atraer a sus socios (ni siquiera a PNV y ERC, con quienes tiene acuerdos de investidura). En el supuesto de que la reforma cayera y se mantuviera el marco aprobado por el PP de Rajoy, sus aliados le van a exigir que proponga otro decreto. Todo queda en su mano. Y el próximo día 30, los sindicatos ELA y LAB preparan unas movilizaciones que van a trasladar el marcaje a Unidas Podemos y el PSOE. Moncloa ha puesto en circulación la opción de pactar con ERC al margen del decreto, aprobando cuestiones competenciales sobre los ERE.
EL GUIÑO A COMISIONES OBRERAS
El PNV reclama la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, para convertir en ley el acuerdo interprofesional de 2017 entre la patronal vasca Confebask y los sindicatos ELA y LAB. “Cuando hablan de la legitimidad de la reforma laboral, este acuerdo tiene el respaldo del 100% de los sindicatos y la patronal”, recordó. Aclaró que, “si esto no se garantiza, el voto será no”. “Lo digo con rotundidad”, zanjó. Las mayores pegas las pone la patronal. Ortuzar valoró que CCOO retrasara la firma del acuerdo porque Sordo es sensible a la petición.
El PNV rechazó las presiones. “Que nadie use la responsabilidad histórica del PNV, porque la responsabilidad es con este país”, sentenció Ortuzar. Cuando se le preguntó qué nota pondría a Sánchez y si aprueba, dijo que “ahí anda”, y que lo situaría entre el 4,5 y el 5.
