Admiten ahora los avales del Govern para cubrir las fianzas de la acción exterior

Puigdemont, Mas y Junqueras, entre otros, evitan el embargo de sus bienes tras revocar el Tribunal de Cuentas el veto por afectar a su derecho de defensa

01.03.2022 | 01:07
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en su último encuentro en Waterloo. Foto: Europa Press

pamplona– El Govern gana el pulso. El Tribunal de Cuentas ha revocado por la mínima –dos a uno– la decisión de la delegada instructora Esperanza García del procedimiento abierto por la responsabilidad contable en la que se pudo incurrir por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 –las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat–; y acordó admitir los avales del Institut Català de Finances (ICF), utilizados por los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros ex altos cargos del Ejecutivo catalán –hasta un total de 34– para cubrir los 5,4 millones de euros que se les impuso en concepto de liquidación provisional. "Desde el primer momento hemos defendido que los avales del ICF no solo son jurídicamente impecables, sino un mecanismo imprescindible para defender a los servidores públicos ante las injerencias del Tribunal de Cuentas", se congratuló ayer en su perfil oficial de Twitter el president Pere Aragonès.

El auto se conocerá en los próximos días ya que deberá ser redactado de nuevo en tanto que ha decaído la ponencia que llevaba a las deliberaciones la consejera Rebeca Laliga –nombrada a propuesta del PP– , al no ser apoyada por los otros dos consejeros que integran la Sala de Justicia que debía revisar los recursos, Diego Íñiguez Hernández y María del Rosario García Álvarez, que fueron propuestos por el PSOE.

La delegada instructora entendió el pasado octubre que era imposible aceptar un aval público por una acción que podía proceder de una responsabilidad contable, como tampoco podría serlo de un delito. Argumentación que se ha venido abajo. ERC abonó 2,1 millones para cubrir a los investigados del Govern de 2016 y 2017 –incluido Puigdemont–, mientras que los 3,2 millones restantes se aportaron con inmuebles, como el del expresident Mas y los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas-Colell. Los excargos afectados por esta decisión evitan de esta manera el embargo de sus bienes, que ya había sido acordado por la instructora pero que nunca llegó a ejecutarse.

ley en vigor La posición de los dos consejeros que han tumbado aquel planteamiento de partida se basa en que la ley con la que la Generalitat habilitó los avales nunca fue recurrida y por tanto se encuentra en vigor, por lo que el Tribunal de Cuentas no puede rechazar unos avales que en cualquier caso tendrán que ser devueltos en caso de condena definitiva. La aportación de los avales públicos es una victoria ya que se acredita que la negativa a admitirlos era considerarlos culpables sin capacidad de defensa. Ahora bien, si finalmente se les culpabiliza, la Generalitat les exigirá ese dinero y con intereses.

El juicio por el gasto de fondos públicos en la preparación de1-O y la causa de Exteriores, que suman más de 9 millones, se realizará conjuntamente. En estos dos casos, como el 9-N de 2014, la Generalitat nunca se ha considerado damnificada por este gasto. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas fijó en 4,1 millones de euros los gastos y pagos del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Fue en noviembre de 2021, antes del cambio de sillones en el Tribunal de Cuentas, cuando la entonces consejera de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas –y ex ministra de Justicia con Aznar–, Margarita Mariscal de Gante, dictó una providencia por la que abría la fase de enjuiciamiento de las presuntas irregularidades contables por las que se habrían facilitado fondos para los gastos del referéndum del 1-O de 2017 y del destino de determinados fondos asignados a la política exterior de Catalunya entre 2011 y 2017.

"Desde el inicio dijimos que los avales no solo son jurídicamente impecables sino imprescindibles"

PERE ARAGONÈs

President de la Generalitat

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