El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania. Entre otras medidas, incluye el veto a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

Las tres vicepresidentas del Gobierno -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera- fueron las encargadas de desgranar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales líneas del real decreto-ley. Las medidas se extenderán hasta junio con el objetivo de frenar el impacto económico y social que ya está provocando la guerra. El Gobierno necesita acordarlas ahora con el resto de partidos para convalidar el decreto en el Congreso en el plazo de un mes.

“El impacto de esta crisis en el PIB y la inflación dependerá de la respuesta que demos”, advirtió la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien remarcó la voluntad del Gobierno de preservar “al máximo” la senda de recuperación iniciada en 2021. Por ello, espera el apoyo unánime del Congreso al plan de choque, para lo que ha pedido a los “partidos que estén a la altura”. Ante las críticas del PP por la falta de medidas fiscales, la vicepresidenta argumentó que el plan ya incorpora la prórroga de las bajadas de impuestos vinculados a la factura de la luz y señaló de que incluso algunos de los sectores afectados pedían explícitamente no rebajarlos. Además, la titular económica del Gobierno defendió que las medidas están alineadas con las recomendaciones del Banco de España y otros bancos centrales.

En total, el Gobierno de España contempla movilizar 16.000 millones, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Este despliegue de recursos públicos tendrá un impacto fiscal “importante” en los presupuestos, según reconoció la propia vicepresidenta primera, aunque indicó que hay margen porque el déficit de 2021 ha sido menor del estimado.

El plan para hacer frente a crisis económica está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía. En el primer grupo se incluye la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, y no sólo para los transportistas. La medida tendrá un impacto en Navarra de 47 millones, de los 35 será financiados por el Gobierno central y los 12 restantes por las compañías petroleras (15 céntimos y 5 céntimos por litro, respectivamente). Es posible que algunas compañías apliquen descuentos superiores.

El objetivo, aseguró Calviño, es que esta medida sea efectiva ya desde este mismo viernes, 1 de abril, y justificó la decisión de que esta bonificación se dirija al conjunto de la población y no se aborde por niveles de renta. “No podemos pedir al gasolinero que solicite nóminas o declaraciones de la renta”, argumentó.

En el paquete de medidas dirigido a los ciudadanos se incluye también la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables. Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prorroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia. También se ha dado ‘luz verde’ al Plan de Ciberseguridad, dotado con una inversión de más de 1.200 millones.

En cuanto al eje vinculado a la energía, el objetivo del Gobierno central es negociar con la Comisión Europea “el precio más bajo posible” para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad. Además de esto, y entre las medidas vinculadas a la energía, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad y ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus ‘beneficios caídos del cielo’. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros. En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo y se aplica una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Respecto a las empresas con un consumo intensivo de energía, se aplicará una rebaja del 80% de los peajes, con un coste de 250 millones, se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados. Otra medida es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos de 1.800 millones.

En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico, el plan contempla también un paquete de ayudas directas de 362 millones de para el sector de la agricultura y la ganadería, 68 millones para el pesquero, más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad, 125 millones para la industria gas-intensiva y 450 millones para el transporte de mercancías.

20 céntimos

El Consejo de Ministros aprobó ayer la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos. La medida estará en vigor de momento hasta el 30 de junio.

De los 20 céntimos de descuento por libro de carburante, 15 correrán a cargo del Estado y 5 de las petroleras. No obstante, el Gobierno central también asumirá el coste de los 5 céntimos en el caso de las pequeñas gasolineras, aquellas con una facturación inferior a 750 millones.

75 euros

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la reducción de 20 céntimos supondrá para un hogar medio un ahorro de 65 euros en el caso del diésel y de 75 euros en el caso de la gasolina en el conjunto de los próximos tres meses.

47

Según cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la rebaja de 20 céntimos en el combustible de abril a junio supondrá un ahorro para los conductores navarros de 47 millones. De ellos, 35 millones correrán a cargo del Estado y 12 millones será coste para las petroleras. El impacto será más importante en las comunidades con mayor parque de vehículos. Supondrá 307 millones en Andalucía y 292 en Catalunya. En total, esta rebaja tendrá un coste para el Estado de 1.420 millones de euros y de 473,63 millones para las petroleras.

2%

Los contratos de alquiler de vivienda que deban revisarse en los próximos tres meses no podrán subir más del 2%.

Bono social

El bono social eléctrico llegará a 1,9 millones de hogares, lo que supone un impulso de cerca del 45 % respecto al número actual de beneficiarios, y se prorrogará automáticamente durante dos años.

Refugiados

El plan de choque ante la crisis generada por el conflicto de Ucrania incluye un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania.

25.000

En poco más de dos semanas, más de 25.000 personas afectadas por la invasión de Ucrania han obtenido la protección temporal, que habilita a trabajar y residir en España durante un año, y otras casi 35.000 tienen ya cita previa para obtenerla en las próximas semanas.

2.700

El plan aprobado por el Gobierno incluye la distribución territorial de 2.700 millones de euros para el Plan Anual de Política de Empleo 2022.

El plan contempla la aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de las agencias de viajes, unos nuevos ERTE que permitirán reducir la jornada y suspender el empleo de los trabajadores al estilo de los ERTE-Covid ante crisis cíclicas y sectoriales.

Prohibido despedir

La vicepresidenta Yolanda Díaz señaló ayer que las empresas que despidan trabajadores por causas relacionadas con la crisis energética tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas. “No tiene sentido destinar ayudas y dar recursos públicos a las empresas si luego se les permite despedir”, argumentó la vicepresidenta.

169

El paquete de ayudas incluye 169 millones para los productores de leche y da luz verde al uso de terrenos de barbecho. 124 millones serán para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas, y 80 euros por más de 180 vacas). 32,3 millones a los productores de leche de oveja (15 euros por animal) y 12,7 millones de euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza).

“Es muy difícil oponerse al plan, pero Sánchez no debe actuar como si fuera el llanero solitario”

Portavoz del PNV

“Hacen falta medidas estructurales, pero solo se plantea un plan coyuntural hasta junio”

Portavor de ERC

“Las medidas van en la dirección correcta, pero son insuficientes. Hay que ser más ambicioso”

Portavoz de EH Bildu

“Si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, que monte una empresa ella”

Presidente de la CEOE