Espionajes

anorama de un país visto a través de noticias que se han conocido en apenas dos meses, expuestas en orden aleatorio. Mediaset, el grupo televisual propiedad de Silvio Berlusconi, emite en España un programa de tarde llamado Sálvame, que es la columna vertebral de la cadena, su principal referencia y mayor fuente de ingresos. Lo elabora una productora que se llama La Fábrica de la Tele. El presentador, Jorge Javier Vázquez, dijo un día que ese era un programa para "rojos y maricones", lo que describe que al plutócrata italiano lo que de verdad le importa es ganar más dinero. Los empleados que tiene aquí contaron durante muchos años con la colaboración de un policía jubilado cuya principal dedicación era entrar en el sistema informático de la seguridad del Estado y trasegar información sobre famosos. Parece que se ha acreditado que conforme extraía esos secretos, el programa montaba los guiones. Años y años sin que nadie se percatara de nada, y así seguía funcionando la mayor fábrica de basura de la tele. El presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado, contó que un día alguien le hizo llegar una carpeta con datos del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid que contenía información fiscal y bancaria, la que sólo se puede obtener de manera delictiva salvo que figure en un procedimiento judicial, lo que no era el caso. El de la sonrisa cretina y el gañán murciano que le acompañaba como sombra no se fueron a una comisaría de policía a denunciar la extracción y manoseo de la información, sino que quisieron emplearla para sus particulares fines políticos. Esta semana, un periódico digital ha comenzado a publicar unos mensajes de audio que se cruzaron el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Ribiales Rubi, y el empresario y jugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué Geri. Los intercambios se habían producido por WhatsApp o Telegram, sistemas que tienen cifrado de punto a punto, por lo que sólo es posible interceptarlos si se accede directamente a alguno de los teléfonos de los protagonistas. Cómo ha sido posible esto, sin contar con la voluntad de alguno de los dos implicados -lo que se puede descartar por razones evidentes- es algo que nadie quiere preguntarse. El caso es que eso ha ocurrido con pasmosa facilidad. Como es un asunto que tiene interés informativo, es de suponer que el periódico que está publicando la serie podrá decir que lo hace de manera legítima. Pero eso no diluye el hecho de que se haya interceptado una comunicación personal entre dos ciudadanos, por muy sinvergüenzas que sean, y eso no se puede hacer legalmente salvo que medie decisión judicial. La revista The New Yorker ha publicado una información según la cual los servicios de información del Estado usaron el programa Pegasus, de origen israelí y que sólo está al alcance de gobiernos, para espiar todas las comunicaciones -voz, texto, geoposición- de hasta sesenta dirigentes del independentismo catalán. Los hechos son recientes, no de la época de Mariano. Seis de los espiados son diputados, y los teléfonos que se infectaron fueron los que les proporcionó el propio Congreso, pero la presidenta de la cámara, la catalana Batet, no cree oportuno hacer una pesquisa sobre qué pudo ocurrir. En otros países, el espionaje político ilegal ha hecho caer gobiernos de manera instantánea. Aquí parece que todo se va a limitar a conocer si en algo van a cambiar las relaciones entre el gobierno bajo cuyo responsabilidad se ha espiado, y el heterogéneo grupo de los espiados. Dicho sea de paso, parece que hay síntomas de tongo: las víctimas se muestran dispuestas a poner el agravio en el debe, y así cobrar una indemnización más alta. A los que se violó la intimidad y los violadores de esta anhelan seguir juntos en lo que queda de legislatura, pelillos a la mar.