navarra avanza en el reconocimiento de las víctimas de la violencia policial y del Estado. Esta semana el Parlamento ha dado luz verde a la ley que recoge las indemnizaciones a un colectivo ignorado por la justicia y olvidado por las instituciones, pero que después del verano podría empezar a recibir los primeros reconocimientos. Casos como los de Germán Rodríguez, Mikel Zabalza, José Luis Cano o Gladys del Estal están un poco más cerca de la reparación oficial.

La reforma corrige la redacción de la ley aprobada en 2019 para dotarla de mayor seguridad jurídica y equipara las ayudas a las de las víctimas de ETA. Un trámite que va paralelo a la puesta en marcha de la Comisión de Reconocimiento y Reparación. El grupo de expertos elegido por el Parlamento que, junto con los responsables de Paz y Convivencia del Gobierno foral, dos peritos forenses y un psicólogo designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, deberá estudiar y decidir a qué a personas se les reconoce el estatus de víctima.

Será una reparación limitada que, como bien han recordado varios portavoces, resulta claramente insuficiente. De hecho, los familiares de Germán Rodríguez ya han avanzado que no presentarán una solicitud porque lo que buscan no es un reconocimiento oficial, sino la justicia que se les ha negado durante tanto tiempo.

Pero eso es algo que ahora mismo no está en manos de las instituciones navarras. El Estado, en su triple condición de poder ejecutivo, legislativo y judicial, nunca ha querido investigar estos casos, y mantiene clasificados bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968 los documentos que podrían aportar luz a la verdad. Todavía hoy Mikel Zabalza murió oficialmente ahogado en el río Bidasoa cuanto trataba de escapar de la Guardia Civil, pese a que todos los indicios forenses apuntan a que murió ahogado en la bañera durante las torturas que le aplicaron en el cuartel de Intxaurrondo.

Tampoco ha querido investigar la justicia los audios en los que un capitán de la Guardia Civil reconoce al coronel del CESID (hoy CNI) Juan Alberto Perote que con Zabalza “se les fue la mano”. Y no ha podido hacerlo el Parlamento porque el Constitucional, a instancias del PP, anuló la ley de 2015. Navarra no puede “investigar ni fijar hechos al margen del poder judicial”, advierte el Tribunal. Así que la reforma de la ley actual, aprobada en 2019 dentro de los límites que establece la justicia española, es lo más lejos que se puede llegar.

Un camino largo y tortuoso al que se incorpora también el PSN. Los socialistas, que se abstuvieron en la legislatura anterior y que habían mostrado algunas reticencias en este ámbito, se han acabado sumando a una mayoría política y social cada vez más amplia que apuesta por reconocer a todas las víctimas de la violencia. Cada una en su contexto, sin justificación ni equiparaciones, pero con los mismos derechos.

La intransigencia de UPN

Solo la derecha ha vuelto a quedar fuera de este consenso de mínimos. Una posición decepcionante tras las expectativas que había generado Iñaki Iriarte, que hace apenas seis meses lamentaba que UPN no haya sabido “manifestar el cariño” a estas víctimas “ni respaldar como es debido su derecho a la Justicia”. “No nos cuesta pedir perdón a las familias si nos equivocamos”, llegó a decir el parlamentario de Navarra Suma en una aplaudida intervención que, sin embargo, Javier Esparza ha evitado respaldar públicamente.

Resulta por ello especialmente cínico el argumento con el que, bajo una aparente sensibilidad, la derecha ha acabado tergiversando el debate para justificar su voto en contra de la ley. Hay, asegura Iriarte, una “desigualdad de trato” entre estas víctimas y las víctimas de ETA porque a las primeras se las podrá reconocer con un informe de la Comisión de Reparación y las segundas requieren de una sentencia judicial. Una falacia evidente -lo que busca el Parlamento es precisamente suplir la inacción judicial-, pero que no hace sino justificar la indefensión que durante todo este tiempo han sufrido las víctimas y sus familias. Y, lo que es peor, ampara la impunidad de los responsables, directos e indirectos, de los abusos del Estado.

Tristemente, una vez más las posturas más intransigentes de la derecha navarra se han acabado imponiendo en una cuestión que debería formar parte de un mínimo consenso político imprescindible para la convivencia. No será posible ya en esta legislatura. La presión electoral de la extrema derecha y el miedo a salir del marco político que le garantizó el poder durante los años de violencia de ETA mantienen a UPN inmóvil. Incapaz de entender que reconocer a todas las víctimas no significa equiparar violencias. Ni que avanzar en la convivencia le resta legitimidad política para el futuro.

Lo que no deja de ser un problema para la derecha navarra, anclada en un posicionamiento que no hace sino enfatizar la responsabilidad de sus 20 años de gobierno en el olvido institucional de las otras víctimas de la violencia. Pero que antes o después deberá rectificar, posiblemente con una petición sincera de perdón, si no quiere alejarse de una realidad cada vez más normalizada en el conjunto de la sociedad. Le guste o no, Navarra avanza en la convivencia, aunque en ocasiones lo haga a un ritmo lento. Sería deseable que UPN también lo hiciera.

Resulta decepcionante y cínico el argumento con el que la derecha navarra se sigue oponiendo a reconocer a las víctimas del Estado

Navarra avanza, aunque sea a ritmo lento, en el reto de la convivencia. Sería deseable que UPN también lo hiciera