Bilbao - La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró ayer en el Congreso que el Gobierno español no permitirá que, tal y como pretende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los estudiantes en prácticas coticen si ello perjudica al sistema educativo y a la propia oferta de las prácticas externas en la Formación Profesional y en la universidad. Celaá dijo que “buscará una salida”, pero no aclaró cómo.

No deja de resultar paradójico que la ministra afirmase ayer que su Gobierno “estará en contra de esta medida”, cuando fue el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez quien aprobó en el último Consejo de Ministros de diciembre el decreto ley que obliga a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios sin haberlo consultado previamente con la Conferencia de Rectores (CRUE), ni con el propio Ministerio de Universidades. Según cálculos de Trabajo, la medida costaría 74,5 millones de euros al año y afectaría a 534.000 estudiantes, de los que 23.800 serían vascos.

“No tengo la solución”, pero el Ministerio de Trabajo “busca un itinerario para no perjudicar a las empresas”. Esta confesión de Celaá da buena muestra del embrollo en el que se ha metido el Gobierno socialista, al que le llueven las críticas de las universidades y las comunidades autónomas. Aunque comparten el fondo de la cuestión, desde el ámbito universitario temen que la medida haga que las empresas se lo piensen dos veces antes de ofrecer prácticas y que, en caso de que ese gasto recaiga en las propias instituciones académicas, no tengan fondos para pagar la factura. Las comunidades autónomas también mostraron su rechazo a la medida. El Gobierno vasco ya ha solicitado que, al menos, las prácticas obligatorias estén exentas de cotización.

Ayer el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV fue muy crítico con la nueva regulación y reclamó a la ministra Celaá que “corrija cuanto antes” esta norma porque puede tener “consecuencias nefastas” en el ámbito educativo y puede “hacer polvo” la Formación Profesional Dual de Euskadi. El portavoz jeltzale, Joseba Agirretxea, aseguró que la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “no ha tenido en cuenta las necesidades educativas y desde luego las de la Formación Profesional y la de los estudiantes”. En este sentido, anunció que el Grupo Vasco enmendará este aspecto en el periodo de enmiendas que se abre ahora en el Congreso para evitar “el caos administrativo” que puede generar y para corregir esta “aberración” que ha encendido las “alarmas” en el ámbito educativo y el empresarial.

Además, el diputado jeltzale destacó que “hay una contradicción desde la perspectiva legislativa” porque los alumnos que cursan estas prácticas tienen un seguro escolar obligatorio que es “incompatible” con cualquier otra prestación de idéntico contenido. “Usted sabe perfectamente que la FP en Euskadi es ejemplar, incluidas sus prácticas académicas y que la FP Dual ha sido un ejemplo con un alto nivel de satisfacción en los centros, empresariales y entre el alumnado”, afirmó Agirretxea. Celaá intentó rebajar la tensión y respondió: “Buscaremos la salida. Tenga la seguridad de que esta ministra no va a poner en peligro la FP”.

Está previsto que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el de Trabajo se reúna hoy los rectores de la CRUE y los estudiantes para tratar el tema de las cotizaciones de los alumnos en prácticas. Según señaló hace días el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, se está intentando llegar a una fórmula que garantice los derechos de los alumnos y que el coste de las cotizaciones no recaiga en su totalidad en las universidades.