pamplona - El juicio contra 22 investigados por un supuesto delito leve de usurpación por la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona se ha pospuesto hasta los próximos meses de octubre o noviembre al presentar el Gobierno de Navarra un nuevo informe relacionado con la responsabilidad civil por daños y horas extra de la Policía Foral y por el que reclama 34.168 euros. El juicio estaba previsto que comenzara ayer con la declaración como testigos de seis policías forales y, tras ellos, se procedería al interrogatorio de los investigados. No obstante, las defensas, al no contar con el nuevo documento entregado por la parte del Ejecutivo foral, pidieron tiempo para estudiarlo al entender que se les estaba generando indefensión y el magistrado estimó su petición. La abogada de los investigados aseguró que la presentación del informe se ha producido “de forma sorpresiva. Ha habido mala fe procesal del Gobierno de Navarra al presentarlo en el último momento, cuando el juicio estaba señalado desde febrero”, incidió para añadir que se están “restando derechos dentro del proceso penal a las personas denunciadas”. Igualmente, avanzó que la acusación de la máxima entidad foral por el delito leve de usurpación incluye multas que ascienden a 37.750 euros (entre 1.500 y 1.800 euros se reclama a cada denunciado) y advirtió que ha advertido que “si la juventud no pagara esas multas les conllevaría la privación de libertad”. Denunció que muchos testigos citados acudían esta mañana a declarar “con la ley de protección de testigos”, por lo que, criticó, se está “criminalizando a la juventud”. Reivindicó que el citado edificio, de titularidad pública, estuvo “abierto al público por la juventud y que ha tenido biblioteca, cine, taberna o gimnasia”, entre otros servicios. “Ha sido un espacio cultural, femenino y euskaldún”. La abogada reprobó que han “destrozado el edificio” al haber accedido al mismo con “martillos neumáticos” y, por tanto, “es el Gobierno de Navarra el que no está defendiendo el patrimonio”. En cualquier caso, el total de las cantidades reclamadas por el Ejecutivo foral asciende a 71.918 euros.

Por su parte, uno de los portavoces del colectivo del gaztetxe Maravillas, aseveró que “la actitud del Gobierno de Navarra es provocar una indefensión” y que “han hablado mucho de legalidad, pero luego la moldean a su gusto”. Reivindicó que la apertura de Maravillas revirtió una situación de “uso privativo”, al haber permanecido el edificio cerrado 20 años, y que “ahora vuelven a anidar las palomas”. Un centenar de personas se concentraron en el Palacio de Justicia en apoyo a los encausados con el lema Epaiketa guztien gainetik Maravillas herriarentzat (A pesar de los juicios, Maravillas para el pueblo).- D.N.