pamplona - El Juzgado de lo Mercantil de Navarra ha recibido en los últimos seis meses unas 72 demandas, en las que se reclaman una media de 15.000 euros por procedimientos en los que se engloban hasta 556 camiones, interpuestas por personas físicas y jurídicas (es decir, tanto transportistas autónomos como empresas) afectadas por la competencia desleal declarada por la Comisión Europea contra el cártel europeo de fabricantes de camiones. El caso afecta a los gigantes del sector (Daimler Mercedes, DAF, Iveco, Volvo, MAN y Scania) por el sobrecoste ocasionado en la fabricación de camiones entre 1997 y 2011, periodo en el que Europa les sancionó por fijar precios en la venta de los vehículos pesados y por retrasar deliberadamente la entrada en el mercado de vehículos con tecnología para disminuir las emisiones contaminantes y trasladar a los consumidores los costes de la adopción de dicha tecnología. La Comisión Europea condenó esta práctica en 2016 con la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha: 2.926 millones.

Ahora, en el Juzgado de lo Mercantil, ya de por sí con una importante carga de trabajo, están iniciando los trámites para estudiar estas causas y celebrar las primeras audiencias previas (donde se fija el objeto de discusión de la demanda y se plantean las pruebas). Ni que decir tiene que los primeros juicios tardarán todavía meses en celebrarse, aunque hay juzgados de otros territorios en los que ya se conocen las primeras sentencias. La complejidad de este procedimiento judicial atañe a las discrepancias surgidas en torno a la competencia territorial del demandante (es decir, aquí se demanda a un concesionario por ser filial de uno de los grandes fabricantes -cuya sede no está en Navarra-, pero ha habido casos de absoluciones en otras provincias por no quedar demostrada precisamente esa vinculación), pero también surgen problemas por la motivación de los peritajes aportados en los procesos y que trata de acreditar los sobrecostes, y en cuanto a los porcentajes de valor de los tráiler para solicitar las correspondientes indemnizaciones (en la mayoría de los casos se pide en torno al 15% del valor total del camión, pero también hay demandas en las que se reclama el coste íntegro de todo el vehículo -una media de 100.000 euros-). A nivel nacional las demandas suman unas 7.300 reclamaciones cuyas indemnizaciones totales podrían superar los 700 millones de euros, lo que incidirá en el normal funcionamiento de un Juzgado ya de por sí con la carga de trabajo antes indicada.

Las pruebas periciales que hasta el momento se han efectuado en los distintos juzgados que han enjuiciado esta materia permiten calcular que la indemnización estipulada sobre el precio original de compra por camión, en el ciclo de 14 años de cártel (sin tener en cuenta el interés legal del dinero desde la fecha de compra de cada vehículo) podría situarse en una media del 16,35% del precio original.