Chivite pide a Sánchez el estado de alarma

El Ejecutivo foral no tiene la necesidad, a día de hoy, de imponer nuevas restricciones más allá de las que entraron en vigor este jueves, pero ve conveniente contar con una percha legal, como es el estado de alarma. Se trata de una herramienta que permite anular derechos fundamentales, entre los que se encuentran el de reunión o el de movilidad, sin contar con la autorización judicial.

En el comunicado que el Gobierno foral hizo público ayer al filo de las ocho de la tarde, explicaba que en el marco del Consejo Interterritorial de Salud celebrado el jueves, Navarra ya trasladó la necesidad de “disponer de cobertura legal para poder adoptar otras medidas que vayan más allá de las actuales en vigor”.

Ya por la mañana, el vicepresidente primero del Gobierno, Javier Remírez, había dejado la puerta abierta a la solicitud de alguna herramienta legal que facilite la adopción de medidas, después de expresar la “satisfacción” del Ejecutivo por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que ratifica la orden foral con las últimas restricciones, lo que demuestra “el rigor jurídico con el que trabaja el Gobierno foral”.

Preguntado por si el Gobierno de es partidario del toque de queda, Remírez recordó que esta cuestión “estuvo encima de la mesa” del Ejecutivo foral a la hora de decidir las últimas restricciones, si bien es una competencia de carácter estatal.

En cualquier caso, Chivite entiende que una medida del calado del estado de alarma sería conveniente que se adoptase “en el marco de un consenso entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España”. De hecho, volvió a ratificar ayer el “compromiso” de Navarra con el resto de comunidades, “entendiendo que lo razonable es que caminemos con estrategias compartidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, más aún en estos momentos de crecimiento de la incidencia de manera generalizada”. No obstante, la presidenta destaca que Navarra “ha ido marcando su camino en estos meses, desde el compromiso con un modelo de cogobernanza y lealtad que ha funcionado”.

Ahora, espera que el estado de alarma “sea de utilidad para Navarra y para todas las comunidades” porque “la tarea de atajar la expansión del virus nos atañe a todas las administraciones, y hemos de caminar unidas para fortalecer la eficacia de las decisiones”.

Lo cierto es que las peticiones para restablecer el estado de alarma que se aprobó en los primeros meses de la pandemia llegan después de que los contagios por coronavirus se hayan vuelto a desbocar de manera general en el Estado. Además, el veto de algunos tribunales superiores de justicia como el vasco a las medidas que quería imponer el Gobierno de Vitoria para restringir la movilidad y frenar la pandemia impide a los territorios ir más lejos en su lucha contra la infección, en todo lo que suponga limitar el movimiento de personas.

Todo aboca a que el Gobierno español declare el estado de alarma en el conjunto del territorio para ofrecer un paraguas jurídico a las comunidades, porque no se ha reformado la ley para hacerlo con la legislación ordinaria y a estas alturas no queda tiempo. Sánchez ya sopesa la alarma y sondea los apoyos tras escuchar las peticiones de varias autonomías.

Iñigo Urkullu anunció ayer en una comparecencia su petición formal a Sánchez para que declare la alarma en el conjunto del Estado, pero dejando la gestión en manos de las comunidades.

No es el escenario ideal para un lehendakari abertzale, que había defendido que basta con la legislación ordinaria, pero se ha topado con el muro de los tribunales y ha decidido priorizar la salud. De todos modos, se trataría de buscar solo una cobertura jurídica para que las medidas vascas, como la limitación de las reuniones de más de seis personas y el aislamiento de los municipios en zona roja, dejen de ser recomendaciones y sean obligatorias.

La petición de Urkullu tuvo una buena acogida y le siguieron en cascada Asturias, Extremadura, Melilla, La Rioja, Navarra, e incluso los soberanistas de Catalunya. Cantabria y Castilla La Mancha formalizarán la petición hoy sábado. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha ofrecido sus votos a Sánchez por si tuviera que prorrogarlo más allá de quince días, y hay voces del PP que están moderando sus recelos. El camino parece expedito.

Urkullu ha movido ficha para que el Estado deje de deshojar la margarita, preocupado por los más de 1.200 contagios en la CAV y el escollo judicial. Urkullu pide el estado de alarma, en principio, por 15 días (una prórroga necesitaría una votación en el Congreso y Pedro Sánchez quiere asegurarse primero los votos de un PP que prefería otro marco, pero que ahora empieza a virar en Madrid). La idea es garantizar la efectividad de las medidas para restringir los movimientos haciendo que pasen de ser meras recomendaciones a ser obligatorias.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en contra del criterio de la Fiscalía y de otros jueces en Navarra o Galicia, ha tumbado la prohibición de las reuniones de más de seis personas sin una declaración previa del estado de alarma.

Urkullu plantea que las recomendaciones sobre movilidad sean obligatorias para que no queden al albur de la buena voluntad de cada uno, y no descarta confinamientos más “estrictos” si la situación empeora.

La medida que se vislumbra en el horizonte es la limitación de la “actividad nocturna” como ya se ha ordenado en Navarra. Urkullu evitó hablar de toque de queda, pero apostó por impedir la movilidad por la noche salvo en el tránsito al lugar de trabajo o por causas de fuerza mayor, como una visita de urgencia a un familiar. La limitación se aplicará por municipios, zonas o en toda la comunidad.

Además, justificó su decisión de pedir la alarma para todo el Estado en que el riesgo de transmisión comunitaria es general. Lo planteó tras escuchar la declaración institucional de Pedro Sánchez en la que, en un tono grave y siguiendo un formato que evocaba los momentos más duros de marzo y abril, el presidente español pidió responsabilidad ciudadana y avisó de que llegan meses “muy duros”, aunque no llegó a rematar con el anuncio del estado de alarma.

De recomendación a obligación. Navarra no tiene necesidad ahora mismo de disponer del estado de alarma, ya que los tribunales le han avalado la orden foral. No obstante, con esta herramienta legal, lo que ahora son recomendaciones, como la limitación de reunirse más de seis personas, pasarían a ser obligatorias.

Competencia estatal. El estado de alarma es competencia del Gobierno central, pero Navarra pide a Sánchez que ceda su gestión a la Comunidad Foral.

CCAA. Urkullu fue el primero en pedir el estado de alarma. Su solicitud tuvo eco. Poco después se sumaron Asturias, Extremaduras, La Rioja, Catalunya, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla. Cantabria y Castilla-La Mancha lo harán hoy.

“Si para garantizar la salud debemos acogernos a la legislación española, prima la salud”

Lehendakari

“Lo razonable es que caminemos con estrategias compartidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía”

Presidenta del Gobierno de Navarra