Igualdad retoma la reforma de la Ley del Aborto sin permiso paterno

El proyecto, que el Gobierno español considera prioritario, volverá a suscitar la polémica

07.06.2021 | 00:37
Varias mujeres se manifiestan, en una imagen de archivo, en favor del derecho al aborto. Foto: Efe

Madrid – En el Estado español se realizan anualmente cerca de 100.000 abortos voluntarios y el Ministerio de Igualdad sitúa entre sus prioridades reformar la ley que los ampara, un proyecto que previsiblemente volverá a suscitar la polémica y que busca garantizar un acceso equitativo a la prestación, eliminar el consentimiento paterno y reconocer la violencia obstétrica.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce desde 2010 el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo y está recurrida desde entonces por el PP ante el Tribunal Constitucional, aunque todavía no hay respuesta.

Cuando gobernaron, los populares no derogaron la ley, pero impulsaron una reforma que exige el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.

El departamento que dirige Irene Montero anunció el pasado octubre su intención de eliminar ese requisito y lo ha vuelto a reiterar recientemente en boca de la recién nombrada directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas. "La modificación de la ley del aborto pretende reforzar el control de las mujeres sobre su propio cuerpo y el ejercicio del derecho a decidir sobre la maternidad", explica Morillas, que subraya como "prioritario" el devolverle a las jóvenes de 16 y 17 años la autonomía en esa decisión. Además, la directora considera fundamental garantizar que el ejercicio de ese derecho se realice de una forma equitativa en todo el Estado a través del Sistema Nacional de Salud. "Que ninguna embarazada tenga que desplazarse a kilómetros de su residencia, pasar por procedimientos burocráticos más gravosos o recibir una asistencia o un trato deficientes".

Paralelamente, el Gobierno español quiere acabar con el hostigamiento que sufren las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y que se encuentran con grupos antiabortistas. Para ello, Igualdad apuesta por establecer zonas de seguridad en el entorno de estas clínicas que eviten las presiones de los movimientos provida. En esta medida se encontrarán probablemente con el PSOE, que ha pedido que se modifique el código penal para penalizar el acoso a estas mujeres.

Más allá del aborto, Igualdad apuesta por incluir en la ley dos formas de violencia contra las mujeres que hasta ahora no se han tratado como tal: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.

En el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia Contra la Mujer se incluye una serie de prácticas que pueden considerarse una forma de violencia, como las episiotomías generalizadas –en España se practican al 89 % de las mujeres que dan a luz vía vaginal–, el uso excesivo de cesáreas, de la oxitocina sintética o la práctica de la presión manual del fondo uterino.

Además, recomienda el consentimiento informado de la mujer en las cesáreas, episiotomías y otros tratamientos invasivos durante el parto y que se garantice el derecho de la madre a estar acompañada por una persona de su elección durante el mismo, además de permitirlo en casa.

En cuanto a la gestación subrogada, Morillas recuerda que la legislación española ya considera nulo cualquier contrato en este sentido, pero incide en que hay que hacer efectiva esta norma, por lo que la ley reconocerá como un tipo de violencia "la explotación reproductiva del cuerpo femenino".

Igualdad tendrá que colaborar con otros ministerios, como el de Justicia y trabajará conjuntamente con el de Sanidad, pero no sólo, ya que al ser una competencia transferida se abordará también con las comunidades autónomas.

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