El TS rebaja a 3 años la pena por estafa a una exfuncionaria del Estado en Navarra

A María José Rubio, condenada ahora como decana de los psicólogos de La Rioja, le impusieron 9 años de cárcel en 2001 por fraude en la Delegación navarra

04.07.2021 | 00:58

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de seis a tres años de prisión la condena por un delito de estafa cuando ejercía como decana del Colegio Oficial de Psicólogos en la Rioja a la donostiarra María José Rubio Pérez, de 63 años. Rubio fue también una funcionaria del Estado de notable relevancia en Navarra. Fue condenada en Pamplona en 1996 a doce años por fraude y malversación de fondos.Ahora, el Supremo ha considerado como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas que le aplican a Rubio y al que fuera su pareja sentimental, V.B.C., por un delito de estafa continuado y cualificado y el hecho de contemplar dicha circunstancia lleva a que su condena se rebaje a la mitad. La acusada, que actualmente tiene 63 años, fue condenada en 2001 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a 9 años de prisión por malversación y fraude cometido por autoridad o funcionario cometido cuando trabajaba en la Delegación del Gobierno de Navarra, al obtener cientos de millones de pesetas de empresarios con la excusa de luchar contra ETA, de los cuales no devolvió 186 millones de pesetas (hoy 1.120.000 euros).

Ahora, en el caso de La Rioja, la acusada y su expareja deberán hacer frente también a una indemnización de 1.318.050 euros más los intereses legales como responsabilidad civil, a la que se ha condenado también a las mercantiles Rubiobat y Rubiomar.

La Sala considera que ha quedado probada "la maquinación insidiosa" de los dos acusados que se valían de las empresas inmobiliarias que administraban para que la acusada contactase con víctimas y les ofreciese la venta de inmuebles que no eran de su propiedad ni sobre los que tampoco tenía disposición para su venta. A cambio les prometía la obtención de jugosos beneficios. En otras ocasiones la acusada proponía a sus víctimas la adquisición de inmuebles a través de subastas oficiales. A los perjudicados se les entregaba un justificante a modo de talón como garantía del dinero que abonaban. Unos justificantes que nunca se pagaron. El monto de lo defraudado asciende a 1.318.050 euros, que las víctimas no han podido recuperar por haberse declarado insolventes tanto los acusados como las empresas. En total realizaron 10 operaciones inmobiliarias fraudulentas en las que resultaron perjudicadas 14 personas. La sentencia afirma que ambos acusados "actuaban de común acuerdo". El acusado era el fundador de las sociedades inmobiliarias y único administrador de las mismas pero sobre las que otorgaba poder en favor de la acusada, que se valió de su actividad comercial por estar al frente de las mencionadas sociedades y de sus relaciones en el Colegio de Psicólogos para llevar a cabo las operaciones inmobiliarias fraudulentas.

el escándalo de la delegación Rubio fue en los años 80 y 90 pieza clave del escándalo de la Delegación y por el que fue condenada junto a su entonces marido, José Manuel Gil Oslé, interventor de Hacienda y al que se le impusieron siete meses de arresto. El tribunal absolvió, sin embargo, por falta de pruebas al exsecretario general del órgano, Mariano Berduque, al que la Fiscalía y las acusaciones particulares consideraban cooperador necesario de Rubio en la obtención fraudulenta de más de 700 millones entre 1987 y 1993. Esta cantidad fue entregada por empresarios a los que se hacía creer que colaboraban en la lucha contra ETA bajo el pretexto de que los fondos reservados de Interior llegaban con retraso. Rubio devolvió la mayor parte de este dinero con intereses de hasta un 30%, pero se quedó con unos 200 millones, según el cálculo pericial.

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