Las residencias podrán cambiar de puesto o no incorporar a trabajadores sin vacunar

El Ministerio de Sanidad recomienda que estos profesionales se sometan a al menos dos pruebas diagnósticas semanales

11.08.2021 | 15:25
Las residencias podrán cambiar de puesto o no incorporar a trabajadores sin vacunar

El Ministerio de Sanidad y las comunidades aconsejan a las residencias que sometan a los trabajadores que rechacen vacunarse o no hayan completado la pauta a controles de temperatura y al menos dos pruebas diagnósticas semanales, e incluso valoren su traslado o no incorporen a los que no estén inmunizados.

El documento "Adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en un contexto de alta transmisión comunitaria" visto en el Consejo Interterritorial, al que ha tenido acceso Efe, aconseja no incorporar nuevos profesionales hasta haber iniciado su pauta de vacunación "salvo que sea estrictamente necesario".

Se trata de una serie de recomendaciones elaboradas por la ponencia de alertas y aprobadas por la Comisión de Salud Pública, con las que se insiste en la importancia de que todas las personas que pasen por una residencia, ya sean trabajadores o visitantes, vacunados o no, mantengan las medidas de higiene y prevención para atajar el repunte de casos que se está produciendo.

MEDIDAS PARA RESIDENTES

Para los nuevos ingresos, la ponencia plantea garantizar su vacunación con la antelación suficiente; si son de ingreso urgente y no vacunados "se extremarán las medidas" de precaución hasta completar la pauta y se les hará una prueba diagnóstica de infección activa a su entrada.

En el caso de residentes no vacunados, propone esta misma medida "en determinadas situaciones teniendo en cuenta la situación epidemiológica del área geográfica en la que se encuentra la residencia o el perfil de las salidas" atendiendo a su duración o las actividades que haya realizado.

Se vigilará atentamente si presentan síntomas, en cuyo caso se procederá a un aislamiento preventivo y la realización de una prueba inmediata.

Para los residentes vacunados desaconseja hacer cribados periódicos o serologías para la verificación de la efectividad de la vacunación; en situaciones de alta transmisión comunitaria, la comunidad estudiará si se le hace una prueba a la salida y/o a la reentrada en el centro tras ausencias prolongadas.

VISITAS

Si el nivel de transmisión es alto, la ubicación y organización de las visitas, su supervisión o no y el número de visitantes, así como la organización y duración de las salidas, "se pautará por parte de la autoridad competente garantizando siempre las medidas de prevención adecuadas".

Al margen de si está o no vacunado, el visitante tendrá que mantener las medidas no farmacológicas de prevención de la transmisión; cuando la situación sea de transmisión comunitaria baja y si están vacunados, "se podría valorar flexibilizar estas medidas".

TRABAJADORES

Todo el personal tendrá que contar con información y formación específica y actualizada sobre las medidas de prevención antes de su incorporación al puesto de trabajo.

La ponencia descarta obligarles a vacunarse, pero sí aboga por recomendarles "activamente" que el personal de nuevo ingreso lo haga, "ya que un nuevo trabajador no debería incorporarse en un centro residencial hasta haber iniciado su pauta de vacunación, salvo que sea estrictamente necesario".

De ser este el caso, "se programará su vacunación lo antes posible y extremarán las medidas de precaución hasta completar la pauta de vacunación".

Para los que ya están en activo pero no quieran vacunarse o no lo hayan hecho al completo, plantea reforzar las medidas de prevención y control de la transmisión, en particular el uso de equipos de protección individual (EPI) respiratoria adecuados "durante toda la jornada laboral".

Y propone realizar, aprovechando entre otros los recursos de los centros, hacer controles de temperatura diaria y pruebas de diagnóstico de infección activa de forma regular (mínimo 2 veces por semana) "habida cuenta del riesgo a terceros que supone esta situación". Incluso "se podrá valorar el cambio de puesto de trabajo".

En todo caso, aconseja promover de forma activa la vacunación entre trabajadores, identificar las causas que reducen el acceso al fármaco o su aceptación y desarrollar estrategias para incrementar al máximo las coberturas en este colectivo.

En los que sí están vacunados, y si hay una situación de alta transmisión comunitaria, recomienda hacer pruebas periódicas "una a la semana o cada dos semanas y al regreso de ausencias por vacaciones u otro motivo".

Si son contacto estrecho, estarán exentos de la cuarentena, tal como se recoge en la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de COVID-19; se les hará seguimiento con PCR preferiblemente y si no fuera posible, con otra.

"Idealmente se realizarán dos pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado. Deberán extremar las medidas de prevención, incluida la utilización de los EPI adecuados", sostiene el texto, que abre la puerta a que las autoridades de salud pública puedan establecer excepciones "en determinadas situaciones" tras una valoración del riesgo.

Ante la aparición de un caso sospechoso en un residente o trabajador vacunado, se procederá a su aislamiento hasta la obtención de resultado de la prueba: si es positivo se mantendrá el aislamiento y se estudiarán los contactos estrechos, así como una sectorización en unidades de convivencia estables que faciliten el desarrollo de las prestaciones residenciales y la trazabilidad de posibles casos.

La protección debe ser especial en residentes no vacunados, si es posible situándolos en habitaciones individuales. La detección de un solo caso en estas instituciones se considerará un brote a efectos de intervención e implicará la aplicación de las medidas de actuación necesarias.

El régimen de visitas y salidas de los residentes que no están en aislamiento o cuarentena "se mantendrá en general con normalidad", si bien podrá adaptarse en función de la valoración realizada por los responsables de salud pública, en coordinación con los responsables de servicios sociales de la comunidad, de la situación epidemiológica y la estructura de cada centro.

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