¿Qué políticas de vivienda ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra para responder al derecho a la vivienda, teniendo en cuenta la alta demanda?

-En primer lugar, considerar la vivienda un derecho del ciudadano y no un producto de especulación. Por lo tanto, nos parecía fundamental en primer lugar ampliar el parque de vivienda pública. En ese sentido, se puso en marcha en la legislatura pasada la primera fase del plan de vivienda en alquiler, con 524 viviendas, y en esta legislatura, una segunda fase en la que recogemos otras 600 viviendas de nueva construcción. En segundo lugar, incrementando la Bolsa de Alquiler privado, viviendas que los particulares ponen en manos de Nasuvinsa. Hemos intensificado el esfuerzo, ofreciendo la posibilidad de realizar nosotros las inversiones necesarias para que puedan entrar esas viviendas en la bolsa y hemos superado las 800 viviendas a disposición de Nasuvinsa. Y en base a convenios que estamos firmando con distintas entidades vamos a incrementar sensiblemente ese número. Junto a esto, está el Registro de Vivienda Deshabitada, que estamos llevando a cabo durante este año. Por otro lado, frente al modelo de grandes implantaciones nuevas residenciales, nuestra apuesta es la rehabilitación y la apuesta por un urbanismo más sostenible partiendo de la ciudad construida. Se ha multiplicado por tres el esfuerzo económico en ese sentido desde el año 2014. También están los programas de ayuda al alquiler EmanZipa, dirigido a jóvenes, y David, a familias vulnerable.

En Navarra se va a elaborar el Índice de Sostenibilidad de Alquileres para zonas tensionadas. ¿Cómo funcionará?

-En primer lugar, habrá que establecer ese índice, que funcionará como referencia del precio de alquiler razonable en función de la zona y de las características de la vivienda. Se plantea con carácter general, para todos los propietarios. En segundo lugar, hay que crear un registro de contratos de alquiler, que fue eliminado por UPN, para tener una información fiable, que ahora depende del sector privado. A partir de ahí, en las medidas fiscales tendremos que ver si establecemos incentivos y bonificaciones para quienes se ajusten al ISA y también si hay voluntad política de penalizar a quienes estén por encima. Pero en la proposición de ley por el momento estará la elaboración del índice. Si la presentamos en octubre, podría estar aprobada para comienzos de 2022. Ese año se desarrollaría el ISA, aplicándose las medidas a partir de la ley de medidas fiscales del año 22.

En cuanto a la vivienda vacía, ¿qué medidas se van a tomar desde el Gobierno foral utilizando el Registro de Vivienda Deshabitada?

-A los particulares solo podemos invitarles a que sumen su vivienda a la bolsa o la pongan en alquiler, y les ofrecemos apoyo para ello. Pero con los grandes tenedores hay ya otros instrumentos en la legislación navarra que posibilitarían la propia expropiación de estos bienes. En principio vamos a ver si con buena disposición y medidas de apoyo e incentivación somos capaces de dar respuesta a esta demanda y si no somos capaces con estas medidas, lógicamente tendremos que analizar otras alternativas. De momento lo estamos haciendo. Hemos podido firmar un convenio con el Arzobispado que nos ha permitido incorporar un número importante de viviendas a la bolsa y en este momento se está hablando con otras dos entidades. Otras medidas, como el recargo en el IBI, son de competencia municipal. Nosotros pondremos a finales de año a disposición de los ayuntamientos la relación de vivienda vacía y a partir de ahí son ellos los que decidirán si aplicar un recargo o no.

¿En cuanto a las nuevas promociones y vivienda protegida, ¿cómo está la situación en Navarra?

-Actualmente en Navarra el porcentaje de vivienda protegida en las nuevas promociones es de un 70%, pero en la proposición de ley plantearemos reducirlo al 50%. La realidad es que en las grandes promociones que se han venido haciendo en Lezkairu u otras zonas los porcentajes han sido sensiblemente inferiores, porque son fruto de planes elaborados hace tiempo. Desde que se aprobó ese límite del 70% no ha habido ninguna modificación urbanística en Pamplona sujeta a ese porcentaje. Y con la situación del mercado de la vivienda, con los costes de la materia prima o los costes de producción, hemos analizado el tema y creemos que tiene que haber una reducción, que aun así se quedará muy por encima de lo que se plantea a nivel estatal. Pensamos que el 50% tiene que ser vivienda protegida, y una buena parte de ese porcentaje a vivienda en alquiler.

¿Cómo y en qué lugares se va a incrementar el parque público de vivienda?

-En la primera fase del plan de vivienda la gran mayoría de actuaciones se desarrollaban en Pamplona y la Comarca, y también en algunas cabeceras de Comarca como Estella o Tudela. En esta segunda fase, vamos a plantear un programa que incorpora a Tafalla, y también irnos a un nivel de población más comarcal, con otras 160 viviendas aproximadamente, en actuaciones de desde 6 hasta 12 viviendas en localidades de entre 700 y 3.500 habitantes más o menos. En definitiva, tenemos que dar respuesta a esta demanda en el conjunto de Navarra, no solo en la Comarca de Pamplona. Para eso, estamos llevando adelante un plan de rehabilitación rural, en colaboración con los ayuntamientos más pequeños, para ayudar a que esa demanda de vivienda en alquiler sea respondida. La respuesta ha sido muy positiva. Podías tener la duda de rehabilitar cuatro viviendas por ejemplo en Burguete y encontrarte que no tenías demanda, pero se apuntaron unas 12 personas. Hay que hacer ese esfuerzo si queremos cohesionar toda Navarra.