Gobierno y entidades sociales trabajan ya en la elaboración de Ley Foral de Discapacidad

La norma, que busca reforzar y ampliar derechos, se aprobará en septiembre de 2022

28.11.2021 | 01:09
Representantes del Gobierno foral y de entidades sociales durante la reunión con la consejera Maeztu.

Una veintena de personas que representan a distintas instancias del Gobierno foral, entidades sociales, Federación Navarra de Municipios y Concejos, junto a expertos en la materia, y personas con discapacidad, han iniciado el proceso de elaboración de la Ley Foral de derechos de las personas con discapacidad, que esperan aprobar en septiembre de 2022.

A lo largo de siete sesiones, el grupo de trabajo pondrá encima de la mesa propuestas que se volcarán en un primer borrador.En paralelo, durante los meses de diciembre y enero, está previsto el período de exposición pública de la propuesta al conjunto de la ciudadanía, para seguir enriqueciéndola. Más adelante se someterá a un amplio proceso de participación, "de manera que llegue al Parlamento una propuesta extensa y con amplio consenso", afirmó la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.

Esta ley quiere ser un marco que actualice y recoja el régimen jurídico relacionado con los derechos de las personas con discapacidad en los ámbitos de competencia de Navarra, desarrollando las previsiones y enfoque social de la discapacidad contemplado en la convención internacional de 2006. Entre estos ámbitos están los relacionados con salud, educación, trabajo y empleo y cultura.

La nueva norma servirá para reforzar los derechos de las personas con discapacidad y establecer los mecanismos para garantizar que puedan ejercerlos en igualdad de condiciones, entre ellos el derecho a una vida independiente y a desarrollar un proyecto vital propio, el que decidan, con los apoyos necesarios. "El gran reto es la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Las plazas en vivienda comunitaria ya suponen el 23 % de las autorizadas en Navarra, pero son insuficientes", afirmó Maeztu. Otro de los objetivos es facilitar los cambios que implica el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y el fin de las tutelas e incapacitaciones.

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