"El impacto social hubiese sido más grave con la respuesta de 2008"

-En primer lugar la ha provocado un factor exógeno, una crisis sanitaria, y es una decisión política la que dice que lo mejor que podemos hacer es parar la actividad. El sistema económico se para porque decidimos hacerlo. A partir de ahí, la incidencia en términos económicos ha sido brutal. En un corto espacio de tiempo hubo una caída de casi un 11% del PIB, la mayor desde la Guerra Civil. Y aún así, la destrucción del empleo ha sido mucho menor, en la anterior crisis fue cinco veces superior. La recuperación ha sido rápida, y sobre todo ha sido radicalmente distinta la respuesta. Eso ha tenido un elemento de prevención de los procesos de exclusión social muy importante.

¿Nos habíamos recuperado de la anterior?

-En términos económicos sí, en niveles de empleo y PIB, pero no los problemas de desigualdad social a nivel estatal. El seguimiento de la Fundación FOESSA está medido en una batería de 37 indicadores, compleja, y al final vemos que en 2018, que fue la anterior ola que se hizo, había 45% más excluidos que en 2007. Entonces todavía no se había resuelto una buena parte de los problemas sociales generados. A eso ahora se le une que entre 2018 y 2021 ha aumentado otro 50% las personas en exclusión social, y la exclusión severa pasa de un 8,6% a un 12,7%, de 4 a 6 millones de personas.

¿Cuál ha sido la principal diferencia en la respuesta?

-En la anterior crisis la respuesta lo que hizo fue intensificar más las desigualdades, porque hubo recortes y el ajuste presupuestario. El impacto en el empleo y, a partir de ahí, el impacto social hubiese sido muchísimo más grave si la respuesta hubiese sido similar a la anterior crisis.

La inestabilidad y la temporalidad en los empleos parecen un problema clave. Tener trabajo no garantiza salir de la exclusión.

-La dinámica del mercado de trabajo ha sido bastante perversa y ha sido una de las causas. A nivel estatal tendríamos que hablar de dos: una que es que incluso en el periodo de recuperación ha seguido una tendencia de fondo de empeoramiento de condiciones de trabajo y de aumento de la precariedad y de la inseguridad laboral grave; y por otro lado es que eso no se ha compensado con mejoras significativas en lo que serían los sistemas de protección social.

Empleos considerados esenciales durante la pandemia están muy mal pagados.

-Efectivamente hay un problema de reconocimiento social de esas funciones. Y el reconocimiento pasa por el salario. Y ahí hay que entender que son importantes los salarios bajos, y por eso ha sido muy importante la subida del salario mínimo interprofesional durante esta legislatura, y habría que tender a seguir en la misma línea en el futuro.

Para amortiguar la caída económica, se han activado los ERTE. ¿Han funcionado?

-Clarísimamente. Dentro de esa diferencia de respuesta política y social a la crisis, es uno de los grandes mecanismos que ha funcionado y ha tenido impacto estructural. Llegaron a 3 millones y medio de personas y hemos podido comprobar en la investigación al año siguiente 9 de cada 10 ya habían vuelto a sus trabajos. Sin ellos estaríamos hablando de una situación radicalmente distinta.

También se prohibieron desahucios, los cortes de suministros...

-Han sido cosas muy importantes que tenían un elemento de excepcionalidad, pero un sector de la población mantiene este tipo de problemas. Habría que pensar en que estas medidas temporales se pueden adaptar para que algunas de ellas tengan un carácter más permanente.

Sin embargo, otros mecanismos más específicos para amortiguar situaciones de exclusión, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), parece que no termina de funcionar.

-Tenía una previsión de llegar a unos 800.000 hogares y está un poco por encima de un tercio de los objetivos iniciales, con muchas dificultades de gestión y de cubrir realmente lo que se supone que tendría que cubrir.

¿Cuál es su problema?

-Estos programas tienen un inicio relativamente lento de expansión, pero en parte también es porque hay elementos de tipo burocrático que hace que no cumpla bien a su función. Como ejemplo, para el IMV se pide la última Declaración, que a su vez recoge los ingresos del año anterior. Eso hace que las situaciones de pobreza sobrevenida no pueda recurrir a él, lo que claramente es disfuncional para una cobertura real. Otra parte son las rentas mínimas de las comunidades. Salvo la CAV y Navarra, que tienen una cobertura tendente a ser plena, en el resto de comunidades generalmente están sujetas a disponibilidad presupuestaria, tienen muy poco presupuesto. Hay comunidades que tienen el 10% de cobertura de la que tenemos en Navarra.

¿Cuáles serían las medidas de protección de cara a evitar estos problemas en crisis futuras?

-Creo que es importante avanzar por la línea de mejorar las condiciones de trabajo, la estabilidad y la construcción de jornadas más amplias. Y si no, tendrá que haber mecanismos públicos para apoyar a esas personas, y para eso tiene que haber mecanismos de redistribución, subvenciones a salarios bajos y mecanismos de compensación que permitan que al final haya estabilidad en los ingresos aunque no haya estabilidad en los empleos.