Santos dice que no puede dar instrucciones frente a las 'citas trampa'

En cambio, ha señalado que, en lo que es su ámbito de competencia, "cualquier persona que entienda que se le han podido vulnerar sus derechos y con mayor razón una persona de origen extranjero que entienda que se ha cometido con ella un acto de carácter racista o xenófobo contemplado en las leyes tiene garantizado el acceso a la justicia".

Eduardo Santos ha comparecido este martes en el Parlamento foral, a petición de EH Bildu, para explicar el seguimiento que está haciendo su departamento de las 'citas trampa' que se han llevado a cabo en Navarra, que, según afirman colectivos sociales, consisten en citas que entrega la policía a personas en situación irregular para que comparezcan ante el grupo de Extranjería sin informarles del motivo concreto y con el objetivo de incoar expedientes de expulsión.

El consejero, que ha comparecido acompañado de la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar, ha afirmado que su departamento "no tiene la capacidad que se le supone de evitar cualquier atisbo de racismo social, intervenir como autoridad para impartir instrucciones a funcionarios cuya dependencia es estatal o municipal o juzgar los casos que lleguen a su conocimiento por ejemplo a través del Defensor del Pueblo".

Eduardo Santos ha explicado que tiene relación "constante y fluida" con Sos Racismo, en virtud de un convenio firmado entre esta asociación y el Gobierno de Navarra para la gestión de las actividades de Oficina de Atención y Denuncia a personas y colectivos que estimen que han sufrido un comportamiento racista o xenófobo, pero ha señalado que las cuestiones relativas a las 'citas trampa' "no son competencia del Gobierno de Navarra".

"Personalmente echo en falta un mayor rigor, tanto en la caracterización de los conceptos en relación con lo que establecen las leyes, como en la descripción de los hechos concretos y su instrucción, de cara a tratar de encajar estos hechos en alguno de los tipos de racismo y xenofobia que las leyes proscriben", ha explicado.

Además, el consejero ha añadido que, aunque "la mera existencia de una prohibición legal de actuar por motivos racistas o xenófobos" no es suficiente para desterrar dichos comportamientos, "las propias leyes dan instrumentos a la hora de poder combatir conductas como las que parece ser que se quieren describir, siquiera de una forma confusa y fragmentada, en la comparecencia de la que la actual trae causa".

Eduardo Santos ha subrayado que "las personas de origen extranjero tienen el mismo derecho que otros residentes a la aplicación íntegra del artículo 17 de la Constitución Española que regula el derecho a la libertad y la seguridad y por tanto a no ser detenido de forma arbitraria a salvo de lo previsto en las leyes" pero ha señalado que él no es delegado del Gobierno ni consejero de Interior, por lo que no tiene capacidad de impartir instrucciones a las diferentes policías que actúan en Navarra.

No obstante, ha dicho que como consejero de Justicia "sí que me corresponde arbitrar los medios y formas para que se cumplan las previsiones legales en relación con la concesión de la justicia gratuita a personas extranjeras y asimismo garantizar que tengan el mejor asesoramiento posible para hacer valer sus derechos ante la Justicia, que es la cláusula de garantía del Estado de Derecho".

En este sentido, ha explicado que "hemos ampliado nuestra oficina de asesoramiento y además hemos actualizado el Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita, introduciendo en la regulación legal el servicio especializado de extranjería con guardias de 24 horas los 365 días del año".

Por tanto, ha afirmado que no tiene "duda de que en el ámbito de la Comunidad foral cualquier persona que entienda que se la han podido vulnerar sus derechos y con mayor razón una persona de origen extranjero que entienda que se ha cometido con ella un acto de carácter racista o xenófobo contemplado en las leyes tiene garantizado el acceso a la justicia y por tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir a que por parte de un juez o tribunal se examine su caso, contando con asistencia profesional, y se le dé la contestación que quepa en derecho".

La portavoz de EH Bildu, Patricia Perales, ha expresado su "gran preocupación por lo que nos acaban de trasladar, porque si no he entendido mal, el trabajo de su departamento se va a limitar solo a la denuncia". "Para la denuncia está el trabajo de los colectivos. Ustedes están en el Gobierno y lo que les corresponde es responder a eso, les corresponde trabajar para eliminar el racismo. Me preocupa el silencio del departamento en todos estos temas. ¿No va a hacer nada para combatir el racismo institucional?", ha planteado.

El portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, se ha mostrado "muy de acuerdo con la intervención" del consejero, porque "lo que ha hecho es relatarnos cuál es la legalidad y su discurso no ha diferido en nada del que yo tuve cuando comparecieron los colectivos en el Parlamento -para denunciar las 'citas trampa'-". "Si hay una ilegalidad manifiesta, como se está denunciando, nosotros apostamos por que se acuda a las vías para la defensa de esos derechos", ha señalado.

Por parte del PSN, Virginia Magdaleno ha compartido con el consejero que "se necesita un mayor rigor en la descripción de los hechos y la descripción de las leyes que se están vulnerando". "No se puede acusar a un Gobierno de racismo institucional, habría que comprobar eso que se dice. El delegado del Gobierno y el jefe de la Policía Nacional han negado con absoluta rotundidad que se estén produciendo esas citas trampa y no vamos a dudar de esas declaraciones", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha afirmado que, aunque la ley de extranjería le gusta "menos que más, hay que cumplirla, pero cumpliendo escrupulosamente con los requisitos que hay para ello, no debiéndose saltar ninguna Administración, autoridad o agentes los mismos". "Los colectivos vienen denunciando situaciones no recogidas en los procedimientos legales. Esta denuncia que hacen no debemos obviarla por la trayectoria de estos colectivos. Entendemos que sí se dan estas citas trampa. Son situaciones de práctica que además de ilegítimas son vulneradoras de los derechos de estas personas", ha afirmado, aunque ha señalado que no es el departamento de Santos el que tiene competencia para "clarificar" estas actuaciones, sino el de Interior, y ha apuntado a que Geroa Bai adoptará iniciativas en el Parlamento relacionados con este asunto.