La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social considera que la proposición de ley que en materia de vivienda han presentado PSN, Geroa Bai y Podemos "sigue dejando atrás a las familias en situaciones más vulnerables".

En este sentido Rubén Unanua, miembro del grupo de trabajo de Vivienda de la Red, indica que esperaban "con ilusión" esta iniciativa pero, una vez analizada, consideran que "le falta ambición, que no llega a dar una solución real para las familias que más lo necesitan. Es una modificación de ley que se aleja de las necesidades más urgentes y muestra insuficiencias".

Tras afirmar que la vivienda es un derecho y la principal medida de protección y seguridad para las personas, la Red indica en un comunicado que más de un 60% vive en alquiler y tiene que destinar casi la mitad de su sueldo para pagarlo cuando organismos internacionales dice que pasar del 40% es ya "una sobrecarga", y de hecho agrega que un 11,4% de personas no pueden hacer frente a tiempo a los gastos y facturas de su vivienda.

Recuerda por ello "la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho", para lo que subraya "la necesidad de implicarse y apostar por un gran pacto social que aglutine a partidos de todo el arco, tanto en el ámbito regional como en el estatal".

En el caso de la proposición de ley que tramita el Parlamento Foral señala como elementos negativos que "las viviendas de alquiler en régimen de protección no tienen una duración indefinida" sino que "se establece en un mínimo de 21 años, periodo tras el cual podrán destinarse a la venta a precio VPT, ni siquiera VPO".

Así "volveremos a encontrarnos con familias 'en la calle', como los últimos años en Rochapea, Berriozar, Sarriguren, San Jorge y Buztintxuri, entre otras", dice la Re, y afirma que esta fórmula "favorece sobre todo a las constructoras que se benefician" de la inversión pública para construir las viviendas, del alquiler durante 21 años y de la descalificación para venderlas.

Por eso exige que, si no existe una calificación indefinida, se aumente el tiempo mínimo al que quedan afectas al alquiler y se realice una planificación desde Gobierno de Navarra para crear un parque de vivienda público que permita mantener o reubicar a estas personas.

Critica también la Red que el nuevo Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) que se propone para moderar los precios en el mercado libre "calculará el precio máximo asequible en una zona y con unas características concretas, pero solamente será efectivo si se determina su valor anualmente" en "una Orden Foral" y se complementa con medidas fiscales, por lo que pide modificar la Ley de Hacienda Foral para establecer desgravaciones y gravámenes.

Solicitan además reordenar la puntuación por necesidad acreditada de vivienda ya que se "minusvaloran las situaciones más complejas en las que se acumulan varias circunstancias de exclusión social" y que se habiliten mecanismos para que las personas que necesiten rehabilitar su vivienda y estén en situación vulnerable no se vean obligadas a adelantar el coste de la obra.

Por último cuestiona que la proposición de ley "tampoco incorpora herramientas para garantizar el empadronamiento de personas, pese a ser una reclamación histórica de la Red, imposibilitando su acceso a múltiples prestaciones y servicios en Navarra".