- El Consejo de Ministros aprobó ayer, a petición del Ministerio de Justicia, el anteproyecto de Ley por el que se Regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad y que supondrá un nuevo protocolo para “garantizar los derechos y dignidad” de las personas, y especialmente de los menores, que llegan al país prohibiendo “pruebas invasivas” como los “desnudos integrales”, “pruebas ginecológicas” o “aquellas que pueda ser atentatorias contra la dignidad de los menores”.

Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo la responsable de Justicia, Pilar Llop, quien apunó que este nuevo procedimiento será, además, “más ágil”, “simplificado” y con mayor “seguridad jurídica” para quienes tienen que pasar por él.

Otras de las novedades que supone esta norma, y que ha destacado Llop, es que elimina el “carácter administrativo” que hasta ahora tenía este proceso, para pasar a ser “exclusivamente judicial”, o que limita a 25 días el plazo máximo para que se resuelva el procedimiento que, a partir de la aprobación de esta ley, culminará con una sentencia.

El procedimiento de determinación de edad, según apuntó Llop, podrá ser solicitado por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores o por la propia persona interesada “siempre asistida con su defensa jurídica”. Esta última, según ha apuntado, se garantizará siempre de forma gratuita aunque la solicitante “tuviera recursos suficientes para litigar”.

Además, la ministra señaló que esta ley dará a la determinación de la edad de las personas migrantes “efectos plenos en el ámbito público y privado”, así como para el acceso a “recursos sociales y de la administración”. En la actualidad, según apuntó Llop, estos efectos solo se desplegan en el ámbito de Extranjería o, en el caso de los menores, en materia jurisdicional. “Ahora será para todo”, declaró.

La ministra explicó que en 2020 se registraron unas 5.000 diligencias preprocesales sobre determinación de edad. Sin embargo, Llop aseguró que este nuevo texto no incluye un “refuerzo” o “creación” de los juzgados, sino que se van a “atribuir competencias” a juzgados de menores o de familia, dependiendo del caso y, tal y como ha apuntando, teniendo en cuenta que existe la presunción de la minoría de edad.

Justicia informó de que este nuevo anteproyecto se ajusta a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o el Comité Económico y Social Europeo (CESE), entre otros organismos. Además, se obligaba a regular desde la Ley de Violencia en la Infancia.

El Ministerio también señala que es una ley más garantista que la anterior, y responde a reclamaciones de diferentes organismos estatales e internacionales.