El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona ha condenado al Ayuntamiento de Pamplona a una indemnización de 4.490 euros por la caída que sufrió un anciano octogenario en la entrada peatonal del parking del Hospital Universitario de Navarra. El juzgado entiende que la caída se debió a una estructura metálica fijada al suelo y tuvo que acudir al juzgado después de que fuera desestimada su demanda en vía administrativa. Los hechos que dieron lugar al procedimiento se produjeron el 12 de febrero de 2020 cuando el recurrente sufrió una caída en el parking subterráneo de Hospitales, caída ocasionada por la presencia de una estructura metálica fijada al suelo situada junto a la puerta de acceso de peatones, puerta desde la que se accede a la escalera/ascensor que conducen a la calle. Como consecuencia de la caída, el hombre sufrió lesiones consistentes en trauma cráneo-facial y cervical y herida en puente nasal, heridas por las que fue atendido de urgencia en el hospital. Precisó puntos de sutura en la nariz y fue dado de alta el 25 de agosto de 2020. También se rompió las gafas que llevaba puestas. El herido reclamaba 8.980 euros por las lesiones sufridas y los daños, pero el juzgado entiende que también influyeron en la caída y sus consecuencias las circunstancias del lugar y la conducta del propio lesionado.

una pieza inadecuada para el lugar El recurrente mantiene que no existe constancia de que la pieza de metal situada en el suelo estuviese prevista en el proyecto de ejecución del parking y que no presenta, por sus dimensiones, unas características adecuadas a la función para delimitar la zona peatonal, como señala el propio informe de la Jefa de Servicios de aparcamientos, concesiones y vados del Ayuntamiento de Pamplona. El hecho de que la instalación municipal se explote en régimen de concesión no supone, en este caso, que “la entidad local pueda eludir su responsabilidad. Tendrá que hacer frente a ella y, derivarla, en su caso, a las entidades que resulten responsables. Entenderlo de otra manera sería desproteger al ciudadano perjudicado por el anormal funcionamiento de un servicio público.