La Fiscalía pedirá el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número 4 una pena de dos años y medio de prisión para un vigilante de seguridad por un delito de agresión sexual cometido contra una auxiliar de enfermería con la que trabajaba en un convento de Burlada, recurso que había sido habilitado en abril por Salud para atender a personas que hubieran dado positivo por coronavirus. Exige que repare el daño a la víctima con 2.000 euros.

Los hechos sucedieron el pasado 22 de abril cuando ambos trabajaban en el turno de noche en el convento Esclavas de Cristo Rey sito en la calle Merindad de Sanguesa nº 24 de Burlada. Era la primera vez que coincidían en dicha labor. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado durante esa noche dirigió en varias ocasiones frases obscenas y de tipo sexual a la joven como "¿Llevas la vagina depilada?¿Cómo es el tanga que llevas puesto? ¡Vaya culo tienes!...". El Ministerio Público prosigue en su relato que "sobre las 02:00 horas y mientras el acusado y la denunciante estaban haciendo una ronda por el recinto, aprovechando que ella se había subido a una piedra para ver una estatua de virgen, con ánimo lascivo, el acusado le agarró de la cintura, se puso detrás de ella y la empujó hacia unas flores. Sobre las 07.15 horas, cuando quedaban escasamente unos minutos para que se terminase su turno y comenzase el de mañana, la joven se acercó a una ventana para ver el amanecer, y el acusado, con ánimo lascivo y libidinoso, le empujó contra la pared, le tocó los pechos por encima de la ropa; intentó tocárselos por debajo de la misma, no pudiéndole porque ella se protegió con los brazos que colocó en forma de aspa; y agarrándole fuertemente de las caderas, se frotó con ella, realizando con su cuerpo movimientos de delante de atrás, como si la estuviese penetrando. En ese momento, el acusado le dijo que "se relajase y se dejase tocar los pechos ya que era la parte que más le gustaba de su cuerpo".

El acusado mantuvo con fuerza sujeta e inmovilizada a la víctima agarrándole de las caderas y de los hombros, concluye la Fiscalía, que por dicha fuerza utilizada califica los hechos como agresión sexual. La acusación particular reclama tres años de prisión, cinco años de alejamiento y 5.000 euros por daños morales. La defensa exige la absolución al entender que se trata de una denuncia falsa y que el acusado no cometió dichos hechos.