El Juzgado de lo Social número 2 de Pamplona ha estimado una demanda contra el Ministerio de Defensa que le obliga a indemnizar a un vigilante de seguridad que fue sido sustituido por un auxiliar de servicios y quedó en un limbo laboral, sin puesto que cubrir y sin indemnización por despido.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Navarra denunció hace un año que el Gobierno de España eliminó varios puestos de trabajo de seguridad privada en instalaciones del Ministerio de Defensa en Navarra, hasta entonces custodiada por vigilantes de seguridad armados.
Fue decisión ministerial la que hizo prescindir del trabajo de estos profesionales en favor de auxiliares de servicios, lo que dejó a los primeros laboralmente desprotegidos. En este caso concreto, la empresa originaria comunicó a sus trabajadores que pasaban a ser subrogados por Sureste Seguridad y, esta empresa se desentendió de los profesionales, que terminaron sin trabajo y sin indemnización.
READMISIÓN O INDEMNIZACIÓN
Tras la demanda presentada por CSIF Navarra, la titular del Juzgado de lo Social número 2 de Pamplona ha estimado readmitir a uno de los vigilantes que trabajaba en la capital navarra en las mismas condiciones que las que regían con anterioridad al despido o indemnizarlo con la cantidad que le corresponda. Esta última es la opción elegida por la empresa, que carece de servicios de seguridad cercanos al anterior puesto.
Desde el sindicato CSIF Navarra, que denunció públicamente estos hechos, su representante de Seguridad Privada, Juan Dopazo, a la cabeza junto con la letrada Aída Álvarez, destacaron que seguirán “trabajando para defender los intereses de este colectivo que, en muchas ocasiones, se siente indefenso y vilipendiado”.
