caza y pesca

Alertan de las restricciones de caza en las poblaciones animales

La Fundación Artemisan avisa a los presidentes autonómicos de los efectos de limitar la movilidad a los cazadores

15.11.2020 | 02:25
Cazador con su perro.

Pamplona Por activa y por pasiva, a los gobiernos autonómicos les está llegando en las últimas semanas un aluvión de avisos, alertas, recomendaciones y reclamaciones para que pongan fin a las restricciones de movilidad de los cazadores. Estas peticiones basan su urgencia en las consecuencias tan graves que estas limitaciones están provocando en el presente y las repercusiones tan dañinas que ocasionarán en el futuro más próximo. Entre ellas, los daños a la agricultura, el incremento de accidentes de tráfico, el descontrol de las poblaciones y su impacto en el equilibrio de los hábitats naturales, el agujero económico en las arcas municipales de las zonas rurales, o el riesgo de entrada de enfermedades animales que podrían resultar catastróficas para determinados sectores, como el porcino.

Una de las últimas voces en volver a remarcar los peligros de la actual situación a las autonomías es la del director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, que ha escrito una misiva a todos los presidentes de las comunidades autónomas, como a la navarra María Chivite, para trasladarles el disparate que, a su juicio, constituye imponer a los cazadores una limitación de movimientos que impide que puedan cruzar las fronteras autonómicas.

"Es muy posible que la sociedad urbana, tan sensible con la conservación del bolsillo, desconozca el papel de la caza para la gestión de nuestro medio natural. En España se abaten más de 800.000 piezas de caza mayor, entre jabalí, ciervo y corzo, principalmente. Y más de seis millones de conejos, por poner un ejemplo de la fauna menor. Este año, entre los precios de la carne de caza y la crisis, se calculaba un descenso de la actividad de entre el 30% y el 35%. Y estas cifras se avanzaban antes de los cierres perimetrales", destaca Villanueva.

Las cifras, por lo tanto, serán todavía peores, tal y como apunta: "No duden que se dejarán de cazar cerca de medio millón de ungulados, medio millón que, en la temporada siguiente, se convertirán directamente en 1,5 millones de piezas de caza, que se sumarán a las ya existentes. Todo un dislate y una barbaridad, que provocará unas densidades muy superiores a la capacidad de carga de cualquier territorio".

El control de las poblaciones animales no supone, desafortunadamente, el único de los problemas que provoca la normativa sanitaria actual. También hay números que ponen negro sobre blanco la importancia de otras secuelas. En España, por ejemplo, se registran unos 10.000 accidentes de tráfico producidos por jabalíes y corzos; hay más de 1.000 siniestros agrícolas causados por la fauna cinegética, el 12% del total; y la interacción de jabalíes y ciervos como reservorio de enfermedades zoonóticas como la tuberculosis implica que el Gobierno invierta todos los años más de 30 millones de euros en la reducción de sus prevalencias.

En este último aspecto, la preocupación que genera más inquietud en el sector agroalimentario se llama peste porcina africana. "Pregunten a los ganaderos de porcino o a las industrias de jamón sobre las consecuencias de la entrada de esta enfermedad en un país en el que, como España, las poblaciones de jabalíes están disparadas", subraya Villanueva.

Desde la Fundación Artemisan también se pone el foco de atención en el drama que viven y van a experimentar las zonas rurales, "la España vacía de la que todo el mundo habla, pero por la que muy pocos apuestan". En Navarra, sin ir más lejos, ayuntamientos como los de Etxalar, Valcarlos, Donamaria, Baraibar y un largo etcétera van a tener que analizar cómo se va a compensar a los cazadores de provincias limítrofes que pagaron por licencias y palomeras en la Comunidad foral y que, debido a las limitaciones de movimientos, no van a poder emplear.

Para Villanueva, "la regulación de la caza en tiempos de pandemia debería tratar de activar la economía rural, que depende, en gran medida, de la renta directa y el complemento que la actividad cinegética genera en esos municipios". "¿Por qué pueden entrar y salir centenares de miles de personas de Madrid a trabajar desde o hacia regiones limítrofes, pero no se puede activar la economía rural permitiendo la caza, una actividad que, además, se realiza al aire libre?", se pregunta.

Los efectos que provocará esta tesitura están a la vuelta de la esquina. "Da la sensación de que los políticos están esperando hasta que sea demasiado tarde. Hasta que tengan que anunciar inversiones millonarias en ayudas a agricultores que hayan visto destrozadas sus tierras, a negocios del mundo rural que hayan tenido que cerrar sus puertas, a proyectos de recuperación de un medio ambiente asfixiado por sobreabundancias, a vacunas y tratamientos para enfermedades zoonóticas descontroladas€ Y todo ello, por no entender que la caza es una actividad esencial, que el colectivo ha hecho los deberes y garantiza su seguridad sanitaria y la del resto de la sociedad, y que estamos preparados para seguir cuidando de nuestros montes, de nuestros campos y de nuestra España rural", concluye.