Vitoria - Uno de los primeros focos sobre los que el nuevo gobierno municipal que salga de las urnas el domingo tendrá que centrar su atención será la ampliación y renovación del estadio de Mendizorroza que ha solicitado el Deportivo Alavés, quien, dentro del acuerdo suscrito hace casi un año con las tres principales instituciones locales, acometerá la mayor parte de la inversión que se requiere para las obras. Para ello, desde el club se solicita la extinción del actual convenio de uso para pasar a ser concesionario demanial de la instalación durante 75 años. Y si en la idea de la ampliación el consenso entre los candidatos a la alcaldía es mayoritario, el resto de aspectos de la operación despiertan más dudas y todos ellos reclaman luz y taquígrafos para que se cumpla con pulcritud extrema con los cauces legales que se precisan.

“Es una operación fantástica”

El actual alcalde de Vitoria y candidato del PNV, Gorka Urtaran, fue uno de los firmantes del pacto de financiación entre las instituciones y el club para la reforma del estadio y ha convertido la misma en una de sus grandes banderas de campaña. “La operación es fantástica para el Ayuntamiento, que va a mantener la titularidad y va a realizar una inversión mucho menor de la que le correspondía si hubiese de abordar una reforma estructural en solitario. Hemos logrado la implicación del club, de la Diputación y del Gobierno Vasco. Esto va a servir para que el proyecto del Alavés se consolide entre los mejores y genere más recursos. Además, todas las instalaciones que alberga el estadio se van a mantener e, incluso, van a mejorar”, explica.

Respecto a la solicitud de una concesión demanial, Urtaran considera que no hay que buscar tres pies al gato: “Tengo 45 años y a lo largo de toda mi vida el Alavés ha jugado en Mendizorroza. Y creo que lo va a seguir haciendo busquemos la figura que busquemos. No se trata de una privatización porque el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de utilizarlo”. Eso sí, lo que tiene claro es que los plazos son los que marca la ley, que requiere de un proceso de cambio para encajar en la idea del club. “Hace falta una modificación del PGOU que tarda aproximadamente un año, pero el refuerzo estructural se puede acometer desde ya mismo. Si se hace o se retrasa un año, es cuestión del club, que tiene que pedir la licencia de obras. El Ayuntamiento está dispuesto a resolver la actual concesión para licitar una demanial si el Alavés quiere. No hay ninguna intención de hacerlo por la puerta de atrás, va a ser con absoluta transparencia y en los tiempos debidos”, concluye.

“El Ayuntamiento debe controlar su inversión”

“Siempre hemos dicho que estábamos dispuestos a hablar de la ampliación de Mendizorroza”, comienza la candidata del PP, Leticia Comerón. Su grupo apoya el proyecto, pero denuncia la “absoluta opacidad por parte del gobierno, que no ha querido trasladar información” acerca del mismo y también “que no exista ninguna partida presupuestaria de las tres instituciones” para hacer frente a las obras. Pero lo más preocupante para la dirigente popular sería que el Ayuntamiento perdiese con la nueva concesión el control sobre Mendizorroza. “Más que un convenio, sería una encomienda de gestión al Alavés, que sería el encargado de hacer las obras. Creo que el Ayuntamiento debe tener el control absoluto y garantizar que el dinero público que se invierte va a estar controlado por la administración. Es algo que creo que se debe incluir en el nuevo convenio”, explica.

“Se habla de obras y no hay un informe técnico”

La candidata de EH Bildu, Miren Larrion, se muestra “abierta a estudiar cuáles son las necesidades del Alavés”, pero considera que todo este proceso tiene que pasar primero por comprobar los informes de los servicios técnicos del Ayuntamiento que detallen el estado de la instalación. “El informe va a hablar de las obras que hacen falta porque se está hablando de empezar una reforma cuando no hay un estudio técnico”, indica, al tiempo que critica lo que entiende que es una precipitación innecesaria. “Este tipo de decisiones tan importantes se deberían dejar para más adelante, no para la víspera de unas elecciones y cuando se hace en despachos cerrados y corriendo se generan suspicacias. En función de lo que nos digan los informes técnicos y de cómo se plantee la financiación, estamos abiertos a mirar posibilidades. La concesión demanial en principio no es la opción que nos gusta, pero estamos abiertos a estudiarla”, asegura.

“Hay que garantizar la seguridad jurídica”

La candidata del PSE, Maider Etxebarria, representa a un partido que actualmente forma parte del gobierno municipal y que ya ha expresado públicamente su apoyo a la ampliación del estadio “siempre y cuando se garantice la seguridad jurídica y se asegure que los espacios que quedan anulados se resitúan en una ubicación cercana”. Ese garantismo se extiende también a la cuestión relacionada con el cambio del actual convenio de uso, que considera que debe ser estudiado en profundidad y buscando el mayor consenso posible: “No me gusta que haya prisa en hacerlo. El convenio actual termina en 2023 y tenemos que sentarnos todos a hablar sobre este tema. No se pueden hacer las cosas a 75 años sin que antes exista el acuerdo de todo el mundo”.

“Hay que controlar el bien público”

El candidato de Elkarrekin Podemos, Fernando López Castillo, tiene claro que todo lo que sea crecer, si existen estudios que avalan que los nuevos asientos se van a ocupar, es bueno para el Alavés y para la ciudad, pero al tratarse el estadio de Mendizorroza de una propiedad municipal considera que es fundamental que ese bien público se mantenga bajo el control del Ayuntamiento. “El campo es de todos y el Alavés es una empresa que ha estado dirigida por diferentes personas. Una de ellas fue Piterman y ya recordamos todos lo que pasó. Cuando alguien quiere un acuerdo para 75 años creo que debería pensar en la esperanza de vida y a mí me parece demasiado. Si por el camino cambia un artículo, entra otra persona de fuera y hace lo que le dé la gana, la ciudad no tendría capacidad de respuesta. Lo que tenemos que hacer es controlar el bien público”, asegura.