- Para el Club Atlético Osasuna todavía no se ha cerrado el procedimiento de los delitos fiscales de la Hacienda Foral. Aún deben desde el Sadar rascarse la sesera para ofrecer opciones en la ejecución de la sentencia y comprobar si hay alguna posibilidad de negociar las condiciones de condena que ha recibido la entidad. En concreto, el hecho de que el club haya sido condenado implica, por un lado, el pago de una multa de 1,4 millones de euros. A pesar de que era una cantidad que la entidad ya tenía aprovisionada entre sus fondos, ahora con la Covid la situación puede ser diferente a la que existía hace meses y cabe la posibilidad de que se pueda solicitar un aplazamiento del pago de dicha multa. El periodo máximo ordinario para hacer frente a estos pagos es de cinco años.

Pero además de la cuantía económica ingente a la que el club ha hecho frente -no hay que olvidar que ya hace tres años Osasuna tuvo que depositar 6,8 millones para indemnizar a Hacienda y que de este modo se le aplicara la atenuante de reparación del daño-, debido a su condena por delito fiscal Osasuna ha perdido la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales de la Seguridad Social durante 45 meses. Por tanto, casi cuatro años sin recibir dinero público que se pueden hacer muy cuesta arriba. Esto que podría suponer un detalle menor llevará a que desde Osasuna también se tenga que solicitar una aclaración de las consecuencias que dicha condena tiene (en materia de qué ingresos se ven afectados, qué deducciones, ingresos...), puesto que en muy raras ocasiones, una empresa o persona jurídica como es el caso mantiene su actividad después de haber pagado ocho millones de euros y, además, tiene que afrontar una pérdida de subvenciones.

En la sentencia que ahora se dictará tras el acuerdo alcanzado, viene reconocido que por parte de Osasuna se han establecido a raíz de estos hechos medidas efectivas y eficaces para evitar la comisión de delitos de similar naturaleza por dicha entidad y después de que el 28 de enero de 2015 presentara una denuncia en la que hacía constar la existencia de los delitos que en este procedimiento fueron objeto de investigación. Por ello se rebaja también su pena.

Un IRPF y la pieza B de Izco. Después del larguísimo procedimiento de los amaños, que terminó en una condena severa para los exdirectivos de Osasuna y para el exgerente lenguaraz Ángel Vizcay, una causa ahora recurrida en el Supremo y cuya resolución final tardará aún en conocerse, los años amargos del osasunismo van cerrando capítulos judiciales. Ahora mismo, todavía queda por juzgarse un delito de IRPF del año 2013 por la que está acusada la directiva de Archanco y que Hacienda denunció más tarde. Lo propio sería llegar a otro acuerdo en términos similares. Y luego quedaría la pieza B por la apropiación de Izco y la salida de 1,5 millones.