Las modificaciones contractuales “beneficiaron” a Sanco-GM

Aierdi recuerda que cuando la consejería de Fomento pasó del PSN a UPN en 2012 se cambió el contrato de la 3ª fase

07.02.2020 | 20:35

pamplona - Aierdi se dirigió al regionalista Luis Zarraluqui para destacar que cuando él ocupaba la consejería de Fomento en 2012 se modificó el contrato de la UTE, Sanco-GM, de la 3ª fase para "poner el acento en las necesidades de la empresa privada frente a los intereses de la sociedad pública". El 31 de diciembre de 2012 se eliminó la actualización del canon conforme al IPC durante 2013, 2014 y 2015; se pactó que la sociedad pública y la adjudicataria pagaran a medias los gastos de las obras de saneamiento; se acordó un interés de demora del 5% y se incluyeron unas parcelas como garantía de pago, entre otras medidas. Aierdi remarcó que cuando el socialista Anai Astiz ostentaba la consejería en 2012 intentó que la UTE cumpliera el contrato; pero que cuando se produjo el cambio de Gobierno antes de verano y pasó Fomento a manos de UPN "se flexibilizaron las condiciones". Zarraluqui defendió que la UTE vendió bien la primera y segunda fase, y que en la tercera había preservas para toda la superficie, pero que con la crisis se borraron muchas. Defendió el contrato de 2006 y dijo que 19 empresas se interesaron por el pliego, y que solo una se presentó, "porque las condiciones eran poco rentables". Koldo Martínez (Geroa Bai) señaló que "es evidente" que la gestión de la Ciudad del Transporte debe ser cambiada "hacia una 100% pública para cerrar el grifo de las pérdidas públicas". Y calificó de "viacrucis de incumplimientos" los realizados por la UTE. "Esto huele mal", insistió. Maiorga Ramirez (EH Bildu) puso el acento en el informe jurídico que dice que UPN actuó "presuntamente de forma delictiva" y preguntó si "Nasuvinsa ha llevado a cabo la gestión debidamente". Rubén Velasco (Podemos) dijo a Nasuvinsa "por qué no han rescindido el contrato antes". Guzmán Garmendia (PSN) manifestó que "la sociedad pública hizo lo que tenía que hacer" en la rescisión del contrato, algo que apoyó José Miguel Nuin (I-E), quien calificó de "escándalo pagar 50 millones por unos campos de cereal en la 4ª fase". Y Javier García, del PPN, adelantó que analizará el informe jurídico. - S.Z.E./ Agencias

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