madrid - Emilio Saracho, el que fuera presidente del Banco Popular en el momento de su quiebra, acusó ayer a su antecesor, Ángel Ron, de ocultar la situación real de la entidad, que precisaba más provisiones de las realizadas y, por lo tanto, tenía pérdidas no declaradas. Esta es la línea que también siguen los informes de los peritos del Banco de España que trabajan para el juez que investiga la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016 y la campaña de desprestigio que precipitó su caída en 2017.
Saracho declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Durante su mandato de 108 días al frente del banco se produjo presuntamente uno de los delitos que se investigan: el de manipulación del mercado, en concreto de las acciones del banco con la intención de que perdieran valor. Saracho, máximo responsable en ese momento, afirmó que la ampliación de capital no tenía que haber sido de 2.500 millones sino de 8.000 millones para cubrir las necesidades no atendidas, según fuentes jurídicas. Emilio Saracho aseguró que la ampliación de capital se quedó corta, fue un fracaso y que hubo instrucciones verbales para colocarla entre clientes.
Cuestionado sobre su gestión, Saracho explicó que no podía hacer otra cosa, ya que las cuentas estaban como estaban; en cuanto a la fuga de depósitos de clientes en los meses previos a la resolución del banco -en junio-, dijo que las salidas de fondos fueron reales, y que se pudieron frenar en abril, pero no en mayo.
La de Saracho es la primera citación de los investigados por el caso, tras dos años de pesquisas en los que el juez ha recibido ingente documentación entre la que destaca el peritaje encargado a dos inspectores del Banco de España.
En el informe elaborado por los peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, conocido este año, se descartaba que el Popular fuese inviable en la ampliación de capital de 2016, si bien matizaban que las cuentas reflejadas en el folleto “no respetaban determinados aspectos de la normativa”. - Efe/D.N.
