pamplona - El incesante incremento de los accidentes laborales con baja en Navarra preocupa al Gobierno foral, a los sindicatos y a la patronal. Desde que se aprobara la reforma laboral en 2012 la siniestralidad en el trabajo ha crecido de manera consecutiva en la Comunidad Foral, una tendencia que también se observa en España y en la mayoría de territorios. Sin embargo, esta inclinación aumenta con más intensidad en Navarra: si en 2013 el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja durante la jornada ascendía a 28,7 por cada mil empleados, en 2018 llegó a los 37,4; en cambio en el mismo periodo, el Estado pasó de 30 a 34 siniestros por cada mil ocupados, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La Comunidad Foral ha empeorado sus registros respecto a la media estatal. Tras el último accidente mortal el pasado lunes, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, insiste en que “son datos que no gustan a nadie” y que “hay que hacer autocrítica y trabajar juntos, con agentes empresariales y sindicales, para revertirlos”. Remarca que las partidas para prevenir riesgos están “blindadas”.

La siniestralidad laboral ha crecido desde 2013 en Navarra, sin que este año se observe un cambio en esta evolución, debido principalmente a los percances en la industria, en la construcción y en el comercio, según las cifras del Ministerio de Trabajo. Hasta agosto, la Comunidad ha contabilizado 7.575 incidentes con baja en jornada o in itinere (aquellos que suceden durante el desplazamiento al lugar de trabajo desde el domicilio), un 18% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El 99% de ellos se catalogaron como leves, un 0,8% graves y un 0,13% mortales. Ayerdi reitera que el Gobierno debe “activarse más y visibilizar este problema ante la sociedad y agentes implicados no solo cuando ocurre un accidente”. El consejero también traslada un mensaje a la patronal, porque “al final la responsabilidad legal claramente está en el ámbito de las empresas”.

la precariedad Entre enero y agosto -últimos datos disponibles en el Ministerio-, Navarra había sufrido 1.092 accidentes laborales más con baja en jornada que en los primeros ochos meses de 2018, concentrándose casi el 80% en tres actividades, industria, construcción y comercio. Además, en lo que va de año trece trabajadores han fallecido en un siniestro -los tres últimos entre septiembre y octubre-. Los sindicatos consideran que la precariedad de los empleos es una de las causas del incremento de los accidentes en el tejido empresarial, en el que el 89% de los negocios tiene plantillas con cinco o menos empleados. Tras la aprobación de la reforma laboral han aumentado los contratos que duran menos de siete días -en Navarra suponen casi un 40%-, ha crecido la rotación -el número de contratos que acumula un trabajador en un año, en el caso de España la media se sitúa en casi seis-, y la eventualidad del mercado laboral no se corrige con un 92,5% en la Comunidad Foral. Además en este periodo en Navarra, han proliferado los convenios de empresa que empeoran las condiciones de trabajo como permite la reforma laboral -en siete años se han superado los 123 convenios de empresa que se rubricaron entre 1981 y 2011-. Todo ello, añadido al incremento de la actividad económica de los últimos años, ha creado un escenario propicio para la consecución de desgracias laborales en sus tres escalas: leves, graves y mortales.

“La subida y la intensidad de los ritmos de trabajo, los recortes en la financiación de la cultura preventiva y la menor presión y control en las empresas en materia de salud y seguridad laboral explican la actual situación”, describen desde UGT. En este análisis, LAB incide en las empresas de trabajo temporal (ETT): “Los empleados contratados a través de esta vía arrastran una mayor precariedad y muestran más vulnerabilidad ante un siniestro, ya que suelen tener menos formación en seguridad que los compañeros empleados directamente por la compañía, aunque desarrollen los mismos trabajos”.

CCOO insta a “la Administración a velar por cumplir la normativa” y que “haga uso de la Inspección y las sanciones para que las empresas asuman su responsabilidad y cumplan con las normas en prevención”. ELA exige al Gobierno foral reforzar de manera “urgente los medios públicos para controlar las condiciones laborales, que actualmente constan de la mitad de personal que en Europa”.

En junio, UGT, CCOO y CEN recuperaron el delegado de prevención territorial tras tres años sin esta figura, con una partida del Gobierno foral de 400.000 euros para 2019. Prevén visitar 120 pymes de entre 6 y 49 trabajadores hasta diciembre para diagnosticarles en materia de riesgos y hacer un informe para corregir deficiencias. El tiempo mostrará su efectividad, aunque sindicatos como ELA y LAB critican la fórmula, porque consideran que ese papel corresponde a la Administración.