- El regreso de menores a las aulas en septiembre puede conllevar la aparición de positivos por la covid entre el alumnado, que obligará a poner en cuarentena a los que han tenido un contacto directo con la persona o personas afectadas. Los progenitores tendrán que estar al cuidado de los menores durante ese periodo, pero ¿cómo van a compatibilizar sus trabajos con la atención a hijos e hijas?

En el caso de que se detecte coronavirus a un menor, automáticamente el personal sanitario otorga la baja al padre/madre por considerarlos contactos estrechos. Sin embargo, por el momento, no existe una solución laboral, que haya sido consensuada entre Administración, patronal y sindicatos, en el supuesto de que los menores sanos deban estar en cuarentena por un positivo en clase. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, adelantó ayer que para este último escenario el Gobierno contempla el permiso retribuido recuperable, que ya se aplicó en abril durante el estado de alarma, a través del cual durante los días en los que los trabajadores y trabajadoras permanezcan en casa en la cuarentena de los menores, cobrarán de la empresa; pero posteriormente tendrán que devolver esas horas a su compañía; o por el contrario, se baraja también otorgar una baja por enfermedad común, un gasto que asume la Seguridad Social -aunque en algunos convenios colectivos la empresa está comprometida a abonar un complemento-.

Sin embargo, el anuncio de Celaá quedó ayer en una propuesta; ya que por ahora, a escasos días de empezar el curso escolar, nada está decidido. La Confederación Empresarial de Navarra (CEN) abogó por establecer "un protocolo sanitario y un plan de contingencia único para las empresas, las familias, las plantillas y los centros escolares". La patronal consideró que sin esta pauta común "habrá una gran confusión en las compañías sobre cómo actuar con el personal cuando, por ejemplo, una organización cuente con centros productivos y de trabajo en varias comunidades y deba aplicar distintos protocolos en función de la ubicación de sus personas trabajadoras". La CEN, que pide una mesa de trabajo en la Comunidad Foral para abordar esta cuestión y otras materias con agentes económicos y sociales, ya ha contactado con otros países a través de sus embajadas, como Dinamarca, Francia, Italia, Austria, Suecia, Holanda y Alemania, para conocer qué medidas están adoptando y analizarlas.

Alfredo Sanz, secretario de Acción Sindical de CCOO, indicó que su sindicato defiende "mantener durante toda la pandemia la alternativa de reducir la jornada hasta el 100%, una medida de conciliación que aprobó el Gobierno central en el estado de alarma y que ha prolongado hasta el 21 de septiembre". Pero, actualmente el trabajador o trabajadora que solicita esta herramienta carece de derecho retributivo; por ello, CCOO propone que "el Estado apruebe para estas reducciones una ayuda que variará según un baremo de rentas, aunque esta prestación tendría como base el Salario Mínimo Interprofesional". Marisol Vicente, secretaria de Política Sindical de UGT, defendió "medidas excepcionales ante una situación extraordinaria por el virus". Rechazó que el teletrabajo sea "una forma de conciliar, porque este modelo laboral todavía debe legislarse", pero señaló que en determinados casos puede ser una posibilidad.

Izai Bujanda, responsable de Iruña en ELA, manifestó que la pandemia "ha dejado en evidencia que el sector de cuidados, un servicio esencial, estaba precarizado, privatizado, feminizado y no reconocido", y remarcó que "ahora hacen falta, más que nunca, herramientas útiles de conciliación". Insistió en que las administraciones deben legislar "para concretar una pauta general de actuación con alternativas de conciliación excepcionales para que trabajadores y trabajadoras no pierdan derechos ni retribuciones". Berta García, responsable de Servicios Privados de LAB, exigió "medidas reales" para solventar los posibles escenarios que deberán afrontarse en casa, derivados de los positivos por la covid en las aulas.

Marisol Vicente (UGT). Recordó que "ya se está estudiando el permiso retribuido recuperable de horas de trabajo o la posibilidad de otorgar bajas" y reiteró que todas las partes implicadas quieren "buscar una solución".

Alfredo Sanz (CCOO). Defendió que se mantenga la medida de poder reducir la jornada al 100% hasta que concluya esta pandemia, y que el Estado aporte una retribución a las personas trabajadoras que opten por ella.

Izai Bujanda (ELA). Abogó por "una pauta general de actuación con medidas excepcionales de conciliación, legislada por la Administración", que salvaguarde el derecho de las plantillas.

Berta García (LAB). Reiteró la necesidad de impulsar "medidas reales" que beneficien a las personas trabajadoras.

"Flexibilidad". Con el inicio del curso escolar, la CEN insistió en que "será necesario otro esfuerzo adicional de flexibilidad de las empresas y plantillas". La patronal justifica esta petición por la pandemia que ha originado una crisis que obliga a que las compañías "funcionen a pleno pulmón para paliar el deterioro de las economías, y para fortalecer y preparar el tejido productivo para el futuro". Manifestó que "va a ser un otoño complicado por las dificultades que surgirán en el ámbito de la conciliación familiar y en el deber del trabajo por los posibles contagios y confinamientos preventivos en los colegios y la reducción de servicios y actividades extraescolares".