Trabajar con 65 años cumplidos empieza a ser una situación cada vez más frecuente. A cierre de julio, 3.387 personas se encontraba en Navarra en esta situación, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años y que prácticamente duplica la que se registraba en 2016, a la salida de la anterior crisis.
Este fenómeno es algo más habitual entre los hombres (1.831) que entre las mujeres (1.556) y se explica sobre todo por la reforma de la ley 27/2011, que comenzó a aplicarse dos años más tarde y que endurece las condiciones de la jubilaciones anticipadas y amplía el tiempo de cotización exigido para poder retirarse con el 100% de la pensión. Hoy por hoy, aquellos que quieren jubilarse con su prestación íntegra, deben acreditar 37 años y tres meses cotizados, un periodo que se irá incrementando en los próximos años de modo paulatino.
Con la edad legal de jubilación situada por tanto ya en los 66 años -llegará a los 67 en 2027 en virtud de la reforma pactada entre José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales-, la edad real a la que se jubilan los trabajadores queda sin embargo sensiblemente por debajo. Y, pese a aumentar de forma paulatina, se sitúa en estos momentos en 64,6 años, al borde de los 65 años ya entre las mujeres y algo por debajo entre los hombres, según los propios datos de la Seguridad Social.
El incremento es, sin embargo, muy lento, en parte porque durante los años que siguieron a 2013 se mantenían vigentes las condiciones más ventajosas que regían con anterioridad. Y en parte también porque los incentivos para retrasar la edad de jubilación de forma voluntaria carecían de la contundencia necesaria. El objetivo del actual Gobierno es que esta edad real llegue a los 66 años en 2050.
El 40% se jubila aún antes
De hecho, siguen siendo muy numerosos los trabajadores que deciden jubilarse sin haber alcanzado los 65 años, en torno a un 40%. El Banco de España estima que el 56% de las nuevas jubilaciones son ordinarias (cumplen los requisitos de la edad legal y logran el 100% de la pensión); mientras que un 28% son consideradas como jubilaciones anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias. Además de ello, un 11% son jubilaciones parciales y en torno a un 5% sigue trabajando más allá de la edad de jubilación.
Esta voluntad de retrasar la edad de jubilación tiene como objetivo cerrar alguna de las grietas de la Seguridad Social. Una década de déficit ininterrumpidos ha dejado vacías sus arcas, que llegaron a contar con un Fondo de Reserva de 67.000 millones del que hoy apenas se conservan unos 2.000 millones de euros. Y el Banco de España, en un informe de esta misma primavera, cifraba en 85.000 millones de euros la deuda de un organismo que tampoco en Navarra ofrece superávit, a pesar de que la tasa de paro es la más baja de España. En la Comunidad Foral, la Tesorería de la Seguridad Social pagó en 2020 unos 2.173 millones de euros, mientras que apenas recaudó 1.502. Un déficit de 671 millones de euros, que se triplica respecto a 2019 y que retrata la insuficiencia recaudatoria del sistema.
Nuevas penalizaciones y bonificaciones
El acuerdo alcanzado antes de verano establece que las penalizaciones por el adelanto de la pensión serán mensuales y sobre la propia pensión. De esta forma, dependiendo de los años cotizados y del tiempo que se adelante la jubilación, la reducción variaría entre un 2,81% y un 21% en caso de una jubilación ordinaria; o entre un 0,5% y un 30% si ha sido tras un despido.
Por su parte, la bonificación pasará del 2% al 4% por cada año trabajado para aquellos que decidan retrasar la jubilación, o un pago único extra que variará entre los 4.786,27 euros y los 12.060,27 euros.
