El Gobierno pretende controlar por ley la actitud de los bancos con sus clientes

Tras ser convalidado en mayo, el decreto se quedó en el Congreso para su tramitación como proyecto de ley. Ahora, el Gobierno ha aprovechado para proponer cambios e introducir varias enmiendas a la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En el artículo 5, relativo a la protección del cliente de entidades de crédito, los grupos del Ejecutivo quieren añadir un nuevo primer apartado que dictamine que las entidades de crédito “actuarán de manera honesta, imparcial, transparente y profesional, con respeto a los derechos y los intereses de la clientela”.

“Toda información dirigida a su clientela, incluida la de carácter publicitario, deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Además, las entidades de crédito deberán en todo momento mantener adecuadamente informados a sus clientes, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes, las disposiciones de desarrollo, y el resto de la normativa aplicable”, recogería la nueva redacción.

Asimismo, la propuesta quiere incluir otro apartado dentro de la norma para que la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pueda dictar disposiciones relativas a la definición, el alcance y la aplicación de políticas, procedimientos y controles internos adecuados exigibles a las entidades de crédito para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que la normativa de conducta y transparencia bancaria les impone.

En concreto, los grupos proponen añadir un nuevo apartado que especifique que las entidades deben incluir mecanismos internos para el control del diseño y gobernanza de productos, así como de la remuneración del personal de ventas, de cara a incentivar una conducta responsable y a evitar el conflicto de intereses. En la misma línea, la modificación propuesta incide en que las entidades de crédito deberán dotarse de políticas y procedimientos en materia de prácticas de ventas vinculadas y combinadas de productos a clientes minoristas.

La propuesta de los grupos del Gobierno tiene el objetivo de reforzar las competencias del Banco de España en materia de protección del usuario de servicios bancarios, concretamente del cliente de préstamos y servicios o productos bancarios, distintos de los de inversión. Según justifican los grupos que han presentado las enmiendas, la modificación propone elevar a rango de ley principios generales en materia de conducta, que actualmente están en rango de orden, a diferencia de lo que ocurre con los productos de inversión, así como obligar a las entidades a contar con procedimientos internos que garanticen el cumplimiento de esta normativa. Todas estas enmiendas deberán ahora discutirse en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja.