- El Consejo de Ministros prevé aprobar previsiblemente mañana la forma en la que se hará la transición de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de pandemia a los ERTE estructurales que recoge la reforma laboral.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el pasado viernes que se dará a las empresas un mes de plazo para que puedan transitar por esta "pasarela". "Vamos a una situación de un mes de transición para que las empresas puedan cambiar el modelo y aplicar directamente la reforma laboral", señaló Díaz. La regulación actual de los ERTE-Covid finaliza el 28 de febrero. Los agentes sociales se reunieron el jueves con el Gobierno para abordar cómo se hará la transición desde esos ERTE a los regulados en la reforma laboral y volverán a sentarse este lunes para intentar cerrar el tema.

La propuesta que el Gobierno puso sobre la mesa el pasado jueves pasa por no prorrogar la regulación de los ERTE de pandemia más allá del 28 de febrero y pasar a aplicar los de la reforma laboral. La idea no convenció a los sindicatos, que entienden que esta transición entre ERTE no puede realizarse de manera "precipitada". Tras escuchar a sindicatos y empresarios, Díaz avanzó que lo que se hará es dar un mes de plazo a las empresas para que puedan realizar esa transición, es decir, hasta prácticamente finales de marzo. La vicepresidenta entiende que es el momento de desplegar lo mecanismos que pactaron el Gobierno y los agentes sociales en la reforma laboral.

Esta norma contempla lo que se denomina Mecanismo RED, unos nuevos ERTE que permitirán reducir jornada y suspender el empleo de los trabajadores al estilo de los ERTE-Covid ante crisis cíclicas y sectoriales. Lo que propuso Trabajo el jueves, según fuentes sindicales, es activar para las agencias de viajes el RED sectorial, cuyo objetivo es proporcionar apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. Los RED sectoriales deben ir acompañados de un plan de recualificación.

Para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año y facilitar el paso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la sociedad de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses, según lo acordado en la reforma laboral.

Junto a ello, el Gobierno garantiza a los agentes sociales el mantenimiento del nivel de prestaciones a los ERTE por fuerza mayor que se mantengan tras el 28 de febrero. La vicepresidenta ha insistido en los últimos días que tanto los trabajadores como las empresas pueden estar "absolutamente tranquilos" ante finalizar los ERTE-Covid. "Lo que vamos a hacer es un mecanismo de adaptación de los ERTE actuales hacia la reforma laboral. Transitaremos desde el modelo actual al ERTE estructural de la reforma", explicó.

Afecta a 1,8 millones de trabajadores. El Consejo de Ministros de mañana tiene previsto aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales con efectos desde el 1 de enero de este año, lo que supone 35 euros más que el SMI vigente actualmente (965 euros al mes por catorce pagas). Según cálculos sindicales, el aumento del SMI impactará directamente sobre 1,8 millones de trabajadores, especialmente sobre mujeres y jóvenes. De hecho, el perfil del trabajador que más se beneficiará con este repunte del salario mínimo se corresponde con el de una mujer, de 16 a 34 años, que trabaja fundamentalmente en el sector agrícola o en el de servicios.