El Gobierno de Pedro Sánchez contempla la opción de compensar a las eléctricas más adelante por la subida del gas a cambio de bajar ya el recibo de la luz. Es la opción que el Ejecutivo ve más viable de cara a la cumbre europea que arranca este jueves: un mecanismo excepcional de compensación por el gas que se usa para producir electricidad, mediante la fijación de un precio tope de referencia, que estaría por debajo de los precios actuales de esta materia prima, que se han disparado en las últimas fechas. Esto permitiría desvincular la cotización del gas de los precios de la luz sin modificar el funcionamiento del mercado mayorista. La diferencia entre ese precio de referencia y el real se devolvería posteriormente a las eléctricas, sin que el Ejecutivo concrete si se hará cargo a la futura factura de la luz o con fondos públicos.
La Comisión Europea propuso ayer limitar los precios en el mercado mayorista de electricidad como una de las opciones posibles para atajar el alza de los precios de la electricidad, por ejemplo con compensaciones a los operadores eléctricos o interviniendo directamente para fijar un techo con precios de referencia.Esta posibilidad es una de las que Bruselas llevará a la cumbre de líderes de la UE de este jueves y viernes para el debate, subrayó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovkis. En concreto, la propuesta plantea entre las alternativas para limitar los precios el asignar una compensación económica a las empresas generadoras de electricidad por los altos precios de los combustibles fósiles, de forma que puedan cubrir la diferencia entre los costes de generación y los precios de referencia.
La idea de intervenir para poner techo a los precios máximos de la luz, que reivindica España y apoyan otros países como Portugal, Italia, Grecia, Bélgica genera las mayores diferencias con otros gobiernos europeos, como Alemania o Países Bajos, que defienden que hay mecanismos en el sistema actual. Por su parte, Francia, que ostenta la presidencia semestral de la UE, dijo ayer ver "con interés" la oferta de la Comisión. La propuesta requeriría de una regulación fuerte que asegure que la electricidad que se genere por encima de ese umbral se produzca en condiciones "razonables" ya que fijará la compensación económica. Además, debe garantizar que aquellos que producen energía por debajo de ese umbral de precios no se benefician de este límite para obtener mayores márgenes.
También propone que las autoridades nacionales puedan fijar un gravamen para los beneficios "excesivos" de las eléctricas, a través de una intervención regulatoria. Dada la forma en que está configurado el mercado mayorista de la electricidad, el Ejecutivo comunitario pone de relieve que las tecnologías de generación renovable no tienen costes similares a las que dependen de los combustibles fósiles y por tanto obtienen rendimientos adicionales.
Una variante de esta propuesta consistiría en establecer un precio máximo para ciertas tecnologías de generación de electricidad vinculadas a los combustibles fósiles. La medida que protegería a los productores dependientes de los combustibles fósiles de las oscilaciones de los mercados internacionales.
Además, la Comisión baraja la intervención del mercado del gas con la fijación de un precio máximo para su comercialización en el mercado comunitario. Una medida en la que el precio debería ser más elevado que los costes de los proveedores pero más bajo que el mercado. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acude al Consejo Europeo con la esperanza de que salgan adelante algunas de las medidas para bajar los precios de la energía pero con la proposición de que España y Portugal puedan actuar en este ámbito sin necesidad de que lo hagan todos los socios.
Sánchez sucumbe a la presión y adelanta la reunión con transportistas
Supermercados, fabricantes de alimentos, hosteleros, partidos políticos y sindicatos apremiaron ayer al Gobierno a actuar cuanto antes para desactivar el paro de transportistas ante los problemas de abastecimiento que ya se empiezan a producir tras diez días de protestas. Ante esta creciente presión, el Ejecutivo ha adelantado un día su reunión -a hoy- con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y se muestra seguro de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la entidad que convoca el paro es la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte Nacional e Internacional, que agrupa a conductores autónomos y pymes, y estos no están llamados a la mesa y no se sienten representados por el CNTC. “No daremos por bueno ningún acuerdo que no sea tomado directamente con nosotros”, advirtió el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que ayer mismo convocó una manifestación a pie para mañana en Madrid con el objetivo de que el Ejecutivo “visualice a las miles de familias” afectadas.
Empresas como la conservera Calvo, Azucarera, la galletera Cuétara, Danone o la cooperativa Dcoop (aceite y leche) han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación e incluso han cerrado temporalmente sus plantas por la “falta de suministro”, y firmas como Estrella Galicia o Heineken advirtieron de que deberán hacerlo próximamente.
Además, los responsables de Pastas Gallo subrayaron que ya ven “riesgo real de desabastecimiento a corto plazo” de este producto si el paro persiste, y el grupo gallego Leite Río reveló que sus almacenes están cada vez más saturados al no poder enviar leche envasada a los puntos de venta.
“La situación es insostenible”, destacó el director general de la patronal Aecoc -que agrupa a distribuidores y fabricantes-, José María Bonmatí, quien reclamó al Ejecutivo “una solución como sea” para acabar con un paro que solo a los supermercados les supone pérdidas de 130 millones de euros al día, según los cálculos del sector.
