El número de contratos firmados por personas perceptoras de la Renta Garantizada en Navarra aumentó un 40% en 2021 respecto al año anterior, siendo, en total, 20.558 los contratos de trabajo suscritos. Así se constata en el balance anual de la prestación en Navarra de la Renta Garantizada, realizado por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, en el que se refleja un ascenso del 25% en las personas que suscribieron contratos respecto a 2020. En total, 6.774 ciudadanas y ciudadanos accedieron a una media de 3,03 contratos por persona.

Asimismo, casi un 37% del total de las unidades familiares perceptoras de la Renta Garantizada complementan esta ayuda con ingresos por trabajo, lo que confirma “la importancia de esta prestación como modo de protección social no solo para las familias con todos sus miembros en paro, sino también para las y los denominados ‘trabajadores pobres’, es decir, personas con empleos temporales, jornadas parciales y precarias en general”, ha destacado la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu.

En esta misma línea de incremento del empleo, el conjunto de incentivos a la contratación de los que dispone la norma para potenciar la inserción laboral de este colectivo creció en el año 2021 hasta los 5.222, lo que supone un 23,5% más respecto al año anterior. En este sentido, Maeztu ha subrayado la importancia de la mejora de los datos de inserción en el empleo de las personas perceptoras de prestaciones. “Es muy relevante señalar que, debido a la crisis ocasionada por la COVID-19, 2.000 familias más se acogieron a la prestación de Renta Garantizada en Navarra, una cifra que el año pasado ya descendió a la mitad gracias a las medidas de mejora en el empleo”, ha añadido.

Evolución de las unidades familiares protegidas: se recupera la tendencia descendente

Según los datos de los últimos años, 2020 fue un año en el que, debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la crisis de la COVID-19, se rompió con la tendencia descendente de unidades familiares que habían percibido la Renta Garantizada en Navarra desde 2017. No obstante, en diciembre de 2021 fueron un total de 13.919 unidades familiares las perceptoras de esta ayuda (4,3% menos que en diciembre de 2020), una cifra que vuelve a la senda de la disminución de familias que necesitan de esta prestación.

Cabe destacar que en marzo de 2018 se alcanzaron las 12.768 unidades familiares perceptoras y, a partir de este mes, la tendencia fue descendente hasta que, en abril de 2020, se alcanzaron las 12.964 unidades familiares que solicitaron la Renta Garantizada. La tendencia continuó al alza hasta alcanzar su pico más alto en abril de 2021, con un total de 15.006 y, desde este mes, las cifras comenzaron nuevamente a disminuir, hasta las señaladas 13.913 unidades familiares en diciembre de 2021.

Por el contrario, fueron 41.564 personas las que se beneficiaron de esta ayuda en algún momento del año pasado, un 9,73% más que en 2020, que se agrupan en un total de 18.366 unidades familiares distintas que recibieron la prestación a lo largo de 2021, aunque la media mensual fue de 14.549 unidades familiares.

De estas, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres que solicitaron la prestación en nombre de la unidad familiar (el 53,9% de personas solicitantes fueron mujeres y el 46,14%, hombres). “Es significativo que este porcentaje haya bajado en 5 puntos respecto a 2020, lo que hace pensar que las unidades familiares que se han incorporado a la prestación por efecto de la pandemia han sido encabezadas más por hombres que por mujeres”, ha puntualizado la consejera Maeztu.

En cuanto a las edades de las personas solicitantes, destaca que el 36,77% de las personas atendidas por esta prestación eran menores (en total, 15.284). No obstante, es a partir de los 35 años cuando aparece el mayor volumen de unidades familiares atendidas (el 75,8% de las personas beneficiarias tenían más de 34 años). Esto ocurre en todos los años de estudio, si bien en 2021 estas franjas son las que más han experimentado la mayor subida en la representación, en detrimento de las unidades familiares cuyo titular es menor de 35 años, que representan el 24,2%, disminuyendo así la cifra en más de dos puntos porcentuales respecto al 26,5% de 2020.

Por otra parte, el 80% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros, siendo relevante que el 45,87% de todas las unidades familiares son de carácter unipersonal. Además, el 28,61% de las familias cuentan con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría monomarentales (4.950, que representan el 46,32% de las unidades familiares cuya solicitante es mujer). Asimismo, cabe destacar que se aprecia un ascenso en las unidades monomarentales respecto a los tres años anteriores, pasando de un 21,2% en 2017 a un 28,61% en 2021.

Distribución por Servicios Sociales de Base

Por Áreas de Servicios Sociales, los datos porcentuales son bastante estables desde 2016. En 2021, Pamplona ha concentrado la mayor parte de las unidades familiares atendidas (el 40,7%). Le siguen la Comarca de Pamplona, con el 21,47%, el área de Tudela (15,7%), la de Estella (10,9%), la de Tafalla (5,84%) y las dos áreas de la Zona Norte, la Noroeste (3,72%) y la Noreste (1,66%).

En cuanto a las Zonas Básicas y Unidades de Barrio, destacan por encima del 5% la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,13% del total), la de la Milagrosa-Azpilagaña (5,38%), el Servicio Social de Base de Berriozar (5,13%) y el de Tudela (5,49%), siendo estos datos también estables desde 2016.

Por otro lado, en 2021 se ha destinado un total de 110,8 millones de euros a esta prestación, lo que supone una disminución del 3% respecto a 2020, año en que se alcanzó la cifra de 114,46 millones, en gran parte gracias al efecto de la ampliación de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La cuantía media mensual de la prestación en el momento de la concesión fue de 622,92 euros/mes por unidad familiar, lo que supone una disminución respecto a 2020 del 7,7%, igualmente producida por el efecto del IMV.

Ejercicio conjunto del Derecho a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada

En 2021 se ha identificado de manera más directa en el expediente de Renta Garantizada el ejercicio del Derecho a la Inclusión Social que los Servicios Sociales de Base vienen realizando con las personas usuarias y sus familias.

Así, en 2021 los procesos activos de inclusión social informados en los expedientes de Renta Garantizada ascendieron al 43% de las unidades perceptoras y en el 22% de los casos constan acciones de activación. Asimismo, el 13% estaba en fase de codiagnóstico.

Durante 2021, las actuaciones de seguimiento experimentaron un incremento respecto a 2020, derivado en parte de las incidencias registradas como consecuencia de la pandemia. También se ha incrementado el control ordinario que se practica de la prestación entre 2015 y 2020, alcanzando en la actualidad el 100% de los expedientes frente al 21,37% de 2015 o el 51,7% de 2017. A pesar de este aumento en el control, el número de expedientes en los que se ha dado algún tipo de incumplimiento de la normativa ha disminuido en casi dos puntos porcentuales respecto a 2019, representando el 6,7% del total de expedientes en 2021, cifra similar a la del año anterior (6,5%).

Impacto del Ingreso Mínimo Vital en Navarra

Desde junio de 2020 está en vigor la prestación de Ingreso Mínimo Vital que, por ser una prestación para el mismo objeto y finalidad que la Renta Garantizada, que está repercutiendo de manera notable en la prestación autonómica.

Ya en el ejercicio de 2020 se incorporaron a la prestación 1.400 unidades perceptoras y a lo largo de 2021 se han incorporado progresivamente más unidades hasta alcanzar las 4.888. En total, de estas unidades perceptoras de la Renta Garantizada en 2021, han compatibilizado esta prestación con el IMV en algún periodo del año pasado un total de 5.552 unidades. Además, la inversión social de la Seguridad Social en 2021 en Navarra ascendió a 40 millones de euros.

“Son datos muy importantes de los que estamos muy satisfechos, ya que se produce una fuerte recuperación en el empleo, se mejora la protección social con el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital y, además, ya se firmó en un tiempo récord la transferencia de su gestión a Navarra”, ha destacado Maeztu. “Estamos seguros de que esto nos va a permitir mayor eficacia y eficiencia, a la par que se mejora en la inclusión social y laboral de las familias en situación de desempleo y con más dificultades”.