30 años contra el Polígono de Tiro

El 5 de junio de 1987, hace ahora 30 años, cuatro vecinos de Tudela (José Ángel Pérez-Nievas, Carmen Borderas, Vicente Irala y José Alba) iniciaron una lucha legal contra el Polígono de Tiro de Bardenas que tuvo su prolongación en el nacimiento de la Asamblea Antipolígono de Tiro y la oposición de buena parte de los habitantes de la Ribera. Políticos e instituciones han ido, desde entonces, cambiando su opinión y criterio según les convenía políticamente, desde una clara oposición hasta un apoyo sin fisuras. UPN, PSN, los gobiernos de Navarra anteriores y la propia Comunidad de Bardenas han pedido su desmantelamiento y, años después, han defendido sin pestañear la continuidad de la instalación militar. El primer contrato se firmó el 9 de junio de 1951, pagando Defensa 20.000 pesetas por las 2.222 hectáreas y 120.000 pesetas de indemnización por 300 de esas hectáreas que estaban cultivadas y debían dejar en barbecho. Cuarenta años después todo sigue igual, las bombas siguen cayendo, las marchas celebrándose (la primera fue en junio de 1988) y los partidos que están en el poder siguen cambiando de opinión.

nulidad El abogado tudelano José Ángel Pérez-Nievas (junto a María del Carmen Borderas, Vicente Irala y José Alba, todos ellos militantes del Partido Carlista-EKA), presentó una demanda por acto de conciliación contra la Junta de Bardenas que presidía José Antonio Gayarre para que rescindiera el contrato con Defensa al considerarlo nulo. Según esta demanda “para ejercitar los disfrutes de pasto, siembra, caza y leña que figuran en las ordenanzas (y que en impide la existencia de un instalación militar) es condición figurar como vecino, con una antelación mínima de 10 años y residir nueve meses al año en uno de los pueblos congozantes”. Sin embargo, mostraban que “ni se trata de aprovechamientos posibles con arreglo a las Ordenanzas ni los concesionarios o quienes lo aprovechan son vecinos de los pueblos congozantes ni cumplen la residencia”. El juzgado de Tudela les dio la razón y el asunto pasó a la Junta de Bardenas en la que Gayarre señaló apoyar a los demandantes y mostró su deseo de “dejar sin efecto la prórroga del contrato”, aunque antes pidió tres informes a abogados (uno de ellos Juan Cruz Alli) y remitió el asunto al Consejo de Estado.

Uno de los informes avalaba la petición de los demandantes mientras que otro daba por válido el contrato y aunque señalaba que dicho contrato no tenía el visto bueno de la Diputación (“lo que constituye un vicio que puede dar lugar a la anulabilidad”) apuntaba que la Comunidad carece de facultad para “la anulación y revocación” y que el visto bueno de la Diputación podría darse a posteriori.

Sin embargo, el informe de Juan Cruz Alli (entonces parlamentario foral por UPN) era el que más apoyaba la postura de los tudelanos. En sus conclusiones señalaba que “existen en el contrato vicios por incompetencia para enajenar un derecho que corresponde a los congozantes y por no acomodarse al régimen de contratación de bienes comunales, no existiendo el permiso de la Diputación, determinando su nulidad de pleno derecho”. Pese a ello, alertaba de “cualquier acción tendente a declarar la nulidad del contrato es previsible que tenga dificultades para su éxito”, añadiendo que “la administración del Estado está legitimada para expropiar los derechos por razones de utilidad pública e interés social”.

Este extremo, que siempre ha argumentado el expresidente de Bardenas José Antonio Gayarre, no le asustaba entonces ya que indicó en una entrevista del 16 de octubre de 1988: “Los tres informes coinciden en la viabilidad de pedir el desmantelamiento. El Estado puede expropiar lo que considere necesario para la defensa, pero se tendría que pensar muy mucho mantener ese polígono. Es mejor que se lleve bien con la Junta de Bardenas sobre todo si hay gente luchadora”.

El definitivo informe del Consejo de Estado fue concluyente y en mayo de 1990 determinó que no procedía “la revisión de oficio del acto de la Junta de Bardenas que dio su consentimiento para arrendar al Estado la superficie destinada a la instalación de un Polígono de Tiro”. Entre otros, este Consejo de Estado estaba integrado por Gregorio Peces-Barba, Landelino Lavilla, Antonio Sánchez del Corral y Tomás De la Quadra Salcedo.

consecuencias Pese a que finalmente no siguió adelante el proceso, de estos primeros movimientos nació la Asamblea Antipolígono de Tiro, en noviembre de 1987, integrada en sus inicios por 17 partidos políticos y asociaciones. Ese mismo año habían muerto 2 pilotos al estrellarse un F-5 en San Isidro del Pinar y 3 bombas cayeron en Peralta. En junio de 1988 se celebró la primera marcha y en 2017 tendrá lugar la 30ª edición. La presión ejercida entonces tuvo como contrapartida que el Estado pasó de pagar 5 millones de pesetas al año, entre 1985 y 1990, a 50,495 millones de pesetas hasta 1995, en que se negoció una nueva subida.

En 1996 el vicepresidente del Gobierno, Rafael Gurrea, expresó la “voluntad firme” del Ejecutivo de que “el Polígono de Tiro deje de serlo en 2001”. Por su parte, Gayarre en 1988 reconocía que “falta voluntad política para desmantelar el Polígono de Tiro” y ante la afirmación de Narcís Serra de que el Polígono “es la mejor garantía para conservar el ecosistema” respondía que “si opina así es que la palabra Babia existe en el Ministerio de Defensa”.