- Cien expertos en diferentes especialidades, de ámbito foral y estatal, han presentado las 71 propuestas encaminadas a conseguir una legislación que incluya la perspectiva rural en materias como envejecimiento activo, vivienda, formación profesional o emprendimiento. Las iniciativas fueron dadas a conocer ayer por parte del Gobierno foral que financió este proyecto (Mecanismo Rural de Garantía), pionero a nivel estatal. El comité, formado por 50 hombres y 50 mujeres, trasladó las iniciativas al departamento de Cohesión Territorial y, según aseguró el director de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, serán elevadas a la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Despoblación creada a finales de 20219 para "trabajarlas internamente". "Nuestro propósito en lo que resta de legislatura es acabar de tejer una estrategia transversal de despoblación. A partir de ahí y como asignatura pendiente para el Gobierno de Navarra y para el Parlamento en los próximos años, está impulsar una Ley sobre Despoblación", subrayó Rodríguez.
Espacios de encuentro y rehabilitar las "ruinas"
Entre las propuestas, destaca la puesta en marcha de programas y planes de envejecimiento activo en el mundo rural, dado que del análisis realizado se desprende que la legislación no prevé la existencia de espacios de encuentro que favorezcan un envejecimiento activo y, sobre todo, en compañía.
En el plano de las infraestructuras rurales, se propone la necesidad de impulsar actuaciones en materia de vivienda que promuevan la rehabilitación, el alquiler, así como la búsqueda de fórmulas que contribuyan a que las edificaciones en ruina pasen a ser un activo para el territorio y no un lastre, con cambios legales que obliguen a que las propiedades estén en manos de personas vivas y simplificando los trámites para que estos sean más ágiles y menos costosos. La disponibilidad de viviendas asequibles permite que las familias jóvenes sigan viviendo en sus áreas locales y que los trabajadores comunitarios (personal médico, de enfermería, docencia, etc) se establezcan cerca de lugares de trabajo.
Formación profesional, 'Marketplace' e inversores
Dado que la actividad profesional de muchos habitantes de las zonas rurales está condicionada por la existencia de formación específica en esa materia, se trata de diseñar la oferta de formación en base a las estrategias económicas y de producción del territorio.
Se propone, además, diseñar un portfolio de titulaciones formativas que combine modalidades presenciales y virtuales, de modo que pueda aumentar la oferta; intentar alcanzar acuerdos con centros formativos distantes en la geografía para que puedan implantar sedes territoriales virtuales en otros lugares; establecer facilidades para hacer prácticas fuera y dentro de la comarca; así como prácticas universitarias en organizaciones (privadas, públicas, del tercer sector) que supongan la estancia del estudiante de manera que conozca la cotidianidad del medio rural.
La legislación también debe facilitar la creación de ecosistemas de innovación y emprendimiento, y concentrar y redistribuir servicios para dinamizar la actividad productiva. Para ello se propone diseñar núcleos o "hubs" que concentren físicamente una determinada actividad productiva en las cabeceras de comarca, comunicándolos entre sí y con los pueblos que la comarca aglutina; crear un "marketplace" de servicios de asesoramiento y consultoría accesible online y presencial; diseñar espacios de encuentro y actividades entre empresas y nuevos emprendedores; y favorecer los canales para que "pueda llegar inversión privada de zonas urbanas a rurales" a través de foros de inversión y potenciando la creación de clubes de inversión y fondos especializados en desarrollo rural.
Crisis ecológica
En materia de infraestructura digital, cambiar el alcance de la legislación para que, en lugar de llegar a una cobertura relacionada con el número de personas, se haga en función de la superficie territorial. Se considera clave que la Estrategia y el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico incorpore transversalmente el enfoque de la crisis ecológica, trabajando para el cumplimiento estricto de la legislación ambiental. También la reorientación de los fondos públicos para asegurar la viabilidad de las fincas de mayor valor socioambiental; y una legislación estatal para promover y diferenciar productos de agricultura, pesca y ganadería sostenible. Además, se propone una reforma fiscal que aplique los principios de quien contamina paga y quien conserva, recibe; determinante en el caso de las producciones agrarias, para internalizar los costes ambientales y sociales de las producciones industriales. Y una normativa que refleje la idiosincrasia y especificidad del ámbito rural, además de simplificar la gestión de los pequeños municipios y un redimensionamiento de medios y recursos.
Discriminación positiva para agentes económicos
Se propone modificar las leyes fiscales con la posibilidad de modular la aplicación de las figuras tributarias respectivas para los agentes económicos que estén arraigados, o aspiren a arraigarse en los territorios rurales despoblados y sean decisivas para su cohesión, poblamiento y dinamismo productivo. La excepcionalidad fiscal que se defiende debería ser transitoria y sujeta a que surta los efectos deseados de dinamización del ámbito rural, para lo cual habrá que dotarse de mecanismos de evaluación y seguimiento de la eficacia y eficiencia de estas excepcionalidades.
