El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Elorz ha aprobado este martes por unanimidad las bases reguladoras de una línea de ayudas extraordinarias para los afectados por la zona cero de la explosión de gas que se produjo el 13 de enero de 2025. La cuantía se sitúa en una horquilla aproximada de entre 60.000 y 75.000 euros –la cifra definitiva dependerá del número de solicitudes y particularidades de cada expediente– y podrá alcanzar el importe abonado de alquiler para quienes no han podido regresar a su hogar, con un límite máximo de 1.000 euros mensuales por unidad familiar.
Tal y como ha detallado el alcalde Mikel Navarro (AINE) y el equipo de Gobierno en un comunicado, más de un año después del siniestro, las familias que no han podido regresar a sus hogares afrontan gastos de alquiler “mientras prosiguen los trámites y actuaciones para la reconstrucción de las viviendas afectadas. Los primeros meses tras la explosión, las entidades aseguradoras asumieron en muchos casos gastos de alojamiento temporal”. Sin embargo, una vez agotados los periodos de cobertura previstos en las pólizas, “algunas familias han quedado sin amparo para afrontar los costes derivados de su situación residencial, pese a que todavía no pueden regresar a sus viviendas”. Ante esta realidad, el Ayuntamiento ha impulsado estas ayudas extraordinarias y temporales destinadas para contribuir a sufragar gastos de alquiler.
Por parte de la comunidad de propietarios, su presidente Óscar Sánchez ha querido "agradecer al actual equipo de gobierno todo el apoyo recibido tanto en la agilidad de tramitación de permisos, licencias, etc. y sobre todo en la ayuda económica de la reciente aprobación de estas bases reguladoras.”
¿Qué prevén las bases?
La ayuda podrá alcanzar el importe abonado en concepto de alquiler, con un límite máximo de 1.000 euros/mes por unidad familiar. Las ayudas tendrán carácter temporal, inicialmente por un periodo máximo de doce meses, con posibilidad de prórroga en función de la evolución de la situación.
Para acceder a las ayudas será necesario acreditar la situación de necesidad, la existencia de contrato de arrendamiento, los pagos efectivamente realizados y la inexistencia de cobertura aseguradora suficiente para dichos gastos. Las bases incorporan mecanismos de control y seguimiento periódico, incluyendo la obligación de comunicar cualquier cambio relevante que pueda afectar al mantenimiento de la ayuda. Asimismo, las ayudas serán incompatibles con indemnizaciones o coberturas aseguradoras que cubran los mismos gastos, y se prevén mecanismos de comprobación y reintegro para evitar situaciones de doble percepción.
Determinación de las causas
El Ayuntamiento ha recordado igualmente que a día de hoy continúa pendiente la determinación oficial de las causas y responsabilidades derivadas de la explosión, al no haberse emitido el informe técnico-investigador. “Transcurridos más de 15 meses del siniestro, no existe todavía una determinación oficial del eventual responsable ni de las posibles responsabilidades civiles asociadas al mismo. Esta situación genera una evidente incertidumbre para las familias afectadas y dificulta la posibilidad de concretar eventuales reclamaciones frente a quienes pudieran resultar responsables de los daños ocasionados”, han asegurado.
El Ayuntamiento trasladó al Gobierno de Navarra la situación de las familias afectadas y la necesidad de articular medidas que permitan afrontar las consecuencias de una emergencia que continúa produciendo efectos más de 15 meses después de la explosión. “Las respuestas recibidas hasta la fecha no han venido acompañadas de medidas específicas dirigidas a atender las necesidades de alojamiento existentes, remitiéndose la posible actuación al ámbito municipal”, ha lamentado el equipo de Gobierno.
De este modo, “es el Ayuntamiento del Valle de Elorz quien está impulsando y financiando las medidas necesarias para atender una problemática que supera claramente la capacidad ordinaria de una entidad local y tiene su origen en un siniestro de extraordinaria gravedad". La aprobación de las Bases reguladoras constituye un paso previo imprescindible para la puesta en marcha de estas ayudas, que deberá completarse con la correspondiente tramitación administrativa, jurídica y presupuestaria antes de que se puedan conceder.